Mediante la resolución 233 publicada en el Boletín Oficial este jueves, Enargas decidió prorrogar por 60 días el plazo para dictar los fallos finales de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT). Este aplazamiento corre desde el vencimiento original del artículo 24 del Anexo I de la resolución I‑4089/16, vinculada a los puntos principales de la Audiencia Pública N°106 realizada el 6 de febrero.
Según el documento oficial, la demora no alterará el calendario establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1023/2024, por lo que los nuevos precios entrarán en vigencia antes del 9 de julio, cuando también expira la emergencia energética.
La revisión tarifaria quinquenal tiene como propósito otorgar previsibilidad a las transportistas y distribuidoras de gas, determinando los ingresos necesarios para financiar obras de mejora y expansión de la red hasta 2030. Con el nuevo cronograma, Enargas comunicará sus conclusiones el 23 de junio, dos semanas antes del vencimiento del plazo original.
En paralelo a la definición de tarifas, el Gobierno planifica rediseñar el subsidio a la energía. Inspirado en el modelo 2016‑2019 y pactado con el Fondo Monetario Internacional, el sistema pasaría de tres tramos de ayuda (N1, N2 y N3) a solo dos:
- Tarifa social: para usuarios de menores ingresos.
- Tarifa plena: para el resto.
Este ajuste busca focalizar el gasto en quienes más lo necesitan y contener el déficit fiscal.
Hasta principios de abril, el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) contabilizó en el Área Metropolitana de Buenos Aires:
- Electricidad: 2,8 millones de usuarios con tarifa subsidiada (1,97 M en N2 y 1,14 M en N3) y 2,3 M en tarifa plena.
- Gas: 2,22 millones de beneficiarios de subvenciones.
Bajo el nuevo esquema, buena parte de estos usuarios pasarían al régimen de tarifa social, mientras el resto afrontaría la tarifa plena.
