Geriátricos no habilitados en San Luis fueron allanados por denuncias de maltrato y abandono

La Dirección General de Investigaciones y la fiscal de turno llevaron a cabo allanamientos en dos geriátricos que operaban sin autorización municipal ni habilitación del Ministerio de Salud.

Estas medidas se tomaron tras denuncias públicas en redes sociales que alertaban sobre condiciones inadecuadas y presuntos maltratos a los adultos mayores.

El primer procedimiento se realizó este sábado en un inmueble ubicado en calle Pedernera 565, donde residían 15 adultos mayores (9 mujeres y 6 hombres).

Las autoridades informaron que se constató la falta de higiene general, colchones en mal estado, ropa sucia acumulada y mercadería descompuesta en una heladera que no funcionaba.

Bromatología decomisó los alimentos en mal estado y se notificaron a los familiares que disponen de 48 horas para reubicar a los residentes, ya que el establecimiento fue clausurado desde este lunes 27 de enero.

En otro operativo, realizado en un geriátrico de avenida Sarmiento 690, se encontraron irregularidades similares. Allí vivían 14 mujeres adultas mayores.

Las principales deficiencias incluyeron obstrucciones en salidas de emergencia, acumulación de ropa sucia en los baños, falta de medidas de seguridad en el patio cercano a una pileta y problemas de fumigación y limpieza general.

El Ministerio de Salud otorgó un plazo de 72 horas para que los propietarios regularicen las condiciones con la advertencia de clausura definitiva si no cumplen con las normativas.

Las investigaciones comenzaron luego de publicaciones en redes sociales realizadas por una exempleada de uno de los geriátricos, quien denunció maltratos, deficiencias en la alimentación y condiciones de insalubridad.

Según su relato, los residentes recibían comidas insuficientes, como fideos y arroz, y vivían entre colchones rotos y cocinas insalubres. Otra denunciante sumó testimonios y pruebas que llevaron a la inspección del segundo geriátrico.

Intervención judicial

El caso está bajo la órbita de la jueza de Garantías N° 4, María Agustina Dopazo Samper, quien calificó el caso como «Delito de Abandono de Personas y Lesiones». Durante los allanamientos, se secuestraron historias clínicas, documentos y celulares que serán claves para avanzar en la investigación.