El caso se inició cuando la madre de una adolescente de 13 años denunció que su hija no había regresado a su vivienda. El rastreo del teléfono permitió localizarla en Sumampa, Santiago del Estero, donde se encontraba junto a otra menor en la casa de un hombre de más de 60 años.
La fiscal Analía Cepede explicó que, al tratarse de un domicilio ubicado fuera de la jurisdicción cordobesa, no pudo ordenar la detención del hombre. La prioridad fue resguardar a las adolescentes, que fueron trasladadas a Córdoba para recibir asistencia médica y psicológica.
A partir de ese procedimiento, los investigadores comenzaron a analizar los teléfonos celulares y reconstruyeron los vínculos que las menores mantenían con distintos adultos.
Ya son 11 los detenidos
Según informó la fiscal, hasta el momento hay 11 personas detenidas, todas oriundas de Villa María de Río Seco. Los acusados fueron imputados por grooming y abuso sexual con acceso carnal.
La investigación identificó hasta ahora a tres adolescentes como víctimas, de entre 13 y 15 años. Sin embargo, la Justicia intenta determinar si existen otras menores afectadas.
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que el 90% de los detenidos serían remiseros o taxistas. De acuerdo con la hipótesis investigativa, esa actividad les habría permitido facilitar traslados y mantener contacto con las adolescentes.
Una cadena de contactos entre adultos
La fiscal aclaró que, por el momento, la investigación no apunta a una organización criminal formalmente estructurada. En cambio, los investigadores reconstruyen una cadena informal de contactos entre distintos adultos.
Los primeros acercamientos con las adolescentes se habrían producido mediante plataformas digitales. Posteriormente, algunos contactos derivaban en encuentros presenciales y en el intercambio de imágenes.
La Justicia busca establecer cuánto tiempo habría funcionado esta dinámica y qué nivel de participación tuvo cada una de las personas investigadas.
Una segunda investigación por los implantes anticonceptivos
El caso también abrió una línea de investigación relacionada con los controles médicos realizados a las adolescentes. Durante esas evaluaciones, dos de las menores manifestaron tener colocados implantes anticonceptivos.
Según explicó Cepede, una de ellas llevaba el dispositivo desde hacía aproximadamente dos años y la otra desde hacía unos seis meses. Por ese motivo, la Justicia intenta determinar en qué circunstancias fueron colocados, quién autorizó los procedimientos y qué participación tuvieron las familias y las instituciones involucradas.
Esta nueva pesquisa busca establecer si se cumplieron los protocolos correspondientes y qué adultos intervinieron en las decisiones vinculadas con la salud de las menores.
La Justicia busca determinar si hay más víctimas
El análisis de los dispositivos electrónicos, los vínculos entre los investigados y las declaraciones de las adolescentes forman parte de las principales medidas que continúan en marcha.
La fiscalía también intenta determinar si las tres menores identificadas hasta ahora son las únicas víctimas. La posibilidad de que aparezcan nuevos casos podría derivar en más detenciones, mientras los investigadores profundizan el análisis de la información obtenida durante los procedimientos.
Una causa que expuso fallas y límites jurisdiccionales
El hallazgo de las adolescentes en Santiago del Estero también puso de manifiesto las dificultades que pueden surgir cuando una investigación atraviesa los límites entre provincias.
Aunque las menores fueron encontradas en el domicilio de un hombre mayor de 60 años, la fiscal cordobesa explicó que no podía disponer directamente de su detención por tratarse de otra jurisdicción. La situación fue comunicada a las autoridades locales mientras las adolescentes fueron trasladadas a Córdoba para su protección.
La investigación continúa abierta y deberá determinar el alcance de la trama, la posible existencia de nuevas víctimas y las responsabilidades individuales de los adultos involucrados.
