Escándalo en Neuquén: investigan a una concejal por obtener un lote municipal
La Justicia de Neuquén formuló cargos contra Mónica Beatriz Barrera, concejal de San Patricio del Chañar, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La investigación apunta a su intervención en el procedimiento legislativo que permitió transferirle un terreno fiscal ubicado en esa localidad.
La decisión fue tomada por el juez de garantías Luciano Hermosilla, quien estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación penal preparatoria. La acusación sostiene que la edil participó en distintas instancias del expediente municipal que terminó con la adjudicación del inmueble a su favor.
Cómo se originó la investigación contra la concejal
Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el episodio comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera solicitó al Ejecutivo municipal dejar sin efecto una ordenanza de 1996 para avanzar con la compra de un terreno perteneciente al Estado local.
El inmueble en cuestión corresponde al Lote 10 de la Chacra 28, ubicado en el sector de Picada 9, en San Patricio del Chañar.
La Fiscalía señaló que la concejal intervino posteriormente en el tratamiento legislativo de la iniciativa, pese a que el resultado del procedimiento podía beneficiarla directamente.
La ordenanza que permitió transferir el terreno
El expediente llegó al Concejo Deliberante y el 24 de junio de 2025 obtuvo un despacho favorable de la Comisión de Asuntos Institucionales. Para los investigadores, Barrera participó de esa instancia sin contar previamente con un dictamen jurídico formal.
Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N.º 13, la edil defendió el proyecto y votó a favor de su aprobación.
La iniciativa consiguió tres votos positivos y dos negativos. Finalmente, quedó formalizada mediante la Ordenanza N.º 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble.
Qué irregularidades denunció la Fiscalía
La acusación planteó que el procedimiento habría incumplido diferentes disposiciones de la Carta Orgánica Municipal.
Entre las principales observaciones, los fiscales mencionaron:
- La falta de una mayoría especial de dos tercios del Concejo Deliberante, equivalente a cinco votos.
- La ausencia de una licitación pública o remate para concretar la venta de un inmueble municipal.
- La participación de la concejal beneficiada en el tratamiento, la defensa y la votación de la iniciativa.
- La incorporación del dictamen jurídico escrito después de finalizada la sesión en la que se aprobó la transferencia.
Barrera enfrenta una imputación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contemplada en el artículo 265 del Código Penal, en carácter de autora.
También investigaron a la presidenta del Concejo Deliberante
En el marco de la misma causa, la Fiscalía solicitó formular cargos contra Marta Verónica González, viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar.
El planteo apuntaba a un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que, según la hipótesis fiscal, no habría aplicado los controles necesarios durante el procedimiento legislativo.
Sin embargo, el juez Luciano Hermosilla rechazó esa imputación en esta instancia. Consideró que todavía existen dudas sobre la posibilidad de demostrar una conducta dolosa por parte de González.
La investigación continuará durante cuatro meses
Con la formulación de cargos contra Barrera, el Ministerio Público Fiscal tendrá cuatro meses para profundizar las medidas de prueba y determinar las responsabilidades penales que correspondan.
El expediente pone bajo análisis el uso de terrenos fiscales y los posibles conflictos de intereses dentro de los órganos municipales. La investigación deberá establecer si la concejal utilizó su posición institucional para favorecer una operación que terminó beneficiándola personalmente.




