Una mujer fue imputada por el delito de extorsión, acusada de exigirle dinero a un hombre bajo la amenaza de difundir imágenes íntimas que habría obtenido durante una videollamada de contenido sexual. La investigación sostiene que la sospechosa utilizaba perfiles falsos de Facebook para contactar a la víctima y solicitarle transferencias de dinero a cambio de no publicar las capturas en redes sociales.
La fiscal adjunta Antonella Romagnoli, de la Fiscalía de Instrucción N° 4, explicó que el hecho investigado ocurrió el 28 de octubre de 2022, alrededor de las 3:35. Según la acusación, el hombre mantenía una videollamada íntima con la mujer, quien le habría pedido que encendiera la luz. Al finalizar la comunicación, le envió tres capturas de pantalla y comenzó a exigirle dinero para evitar que las imágenes fueran difundidas.
De acuerdo con la exposición fiscal, la imputada habría amenazado con publicar el material en las redes sociales si el damnificado no realizaba los pagos solicitados. Ante el temor de que las imágenes se viralizaran, el hombre efectuó una transferencia a través de Mercado Pago, utilizando un destino al que, según la investigación, ya había enviado dinero anteriormente.
Durante las tareas investigativas, se logró establecer que la línea telefónica utilizada para comunicarse con el denunciante pertenecía a la imputada. Además, se identificaron dos perfiles de Facebook vinculados a ese número: uno con su nombre real y otro con una identidad falsa, bajo el nombre de Mariana Ortega.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran la denuncia policial, informes de la Unidad de Cibercrimen, registros de la compañía telefónica Claro, comprobantes de las transferencias realizadas y datos obtenidos de fuentes abiertas. También se incorporaron registros que permitieron corroborar comunicaciones entre los teléfonos de la imputada y del denunciante durante los días 27 y 28 de octubre de 2022.
La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como extorsión en calidad de autora, conforme a los artículos 45 y 169 del Código Penal. Romagnoli solicitó que la mujer se presentara a firmar el libro de control del 1 al 10 de cada mes y que se le prohibiera salir de la provincia durante 90 días. Como fundamento, señaló que había sido notificada en dos oportunidades anteriores para comparecer a audiencias, pero no se había presentado.
La imputada se abstuvo de declarar y fue asistida por la defensora oficial en lo Penal, Agustina Tobares, quien no se opuso a la formulación de cargos. No obstante, recordó que la mujer tiene hijos menores de edad a su cargo y solicitó que se contemple la posibilidad de gestionar autorizaciones en caso de que necesite viajar fuera de la provincia. La Fiscalía, por su parte, indicó que todavía resta incorporar documentación de Mercado Pago, un informe de Info Experto y una entrevista con el primer policía que intervino en el caso.
Finalmente, el juez de Garantía N° 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, tuvo por formulados los cargos y dispuso que la imputada transite el proceso en libertad, bajo dos medidas de coerción: deberá firmar el libro de imputados del 1 al 10 de cada mes y tendrá prohibido salir de la provincia durante 90 días. El magistrado aclaró que podrá solicitar autorización judicial para viajar por razones de salud, urgencias o cuestiones familiares, y advirtió que el incumplimiento de las condiciones podría derivar en restricciones más severas.
