La causa judicial por las acciones violentas del grupo Revolución Federal avanza hacia juicio oral, pero con un recorte clave: la investigación por el financiamiento millonario recibido desde la empresa de la familia Caputo quedó afuera, a pesar de las pruebas presentadas por las querellas y de las irregularidades detectadas por peritos oficiales.
El grupo Revolución Federal y sus acciones violentas
Revolución Federal (RF) se presentó en 2022 como una organización de extrema derecha que desplegó acciones intimidatorias en la vía pública: guillotinas, antorchas, consignas contra el kirchnerismo y agresiones directas a referentes políticos.
Uno de sus voceros, Jonathan Morel, llegó a convocar en transmisiones por Twitter Spaces a “matar a Cristina Kirchner”, incluso sugiriendo la forma de hacerlo en actos multitudinarios. RF también organizó escraches frente al Instituto Patria y hostigó a dirigentes en la calle.
El dato más sensible de la causa es que RF, a través de Morel, recibió más de 13 millones de pesos de la firma Caputo Hermanos, dedicada a desarrollos inmobiliarios y vinculada a la familia del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
El dinero fue girado a una pequeña carpintería de Boulogne, sin cartel en la calle, con facturas que presentaban inconsistencias. Entre los encargos figuran 144 respaldos de cama, mesitas de luz y mobiliario para un edificio de 60 departamentos en Añelo, cerca de Vaca Muerta.
Un peritaje del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema concluyó que los montos eran un 20% superiores al valor de mercado y sin justificación clara.
La investigación judicial y sus limitaciones
El juez Fernando Martínez de Giorgi, a propuesta del fiscal Gerardo Pollicita, procesó a Morel y a otros referentes de RF —Leonardo Sosa, Gastón Guerra, Sabrina Basile y Lidia Casciano—, pero solo por incitación a la violencia colectiva.
Las querellas de Cristina Fernández de Kirchner y de Juan Grabois pidieron profundizar en la pista financiera, alegando que allí se evidencia la organización del odio. Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal rechazaron unificar las causas y la investigación quedó fragmentada.
Los miembros de RF también fueron señalados por su cercanía con espacios libertarios. Llegaron a reunirse en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Kirchner en Recoleta, y participaron en actividades políticas ligadas al actual oficialismo.
Leonardo Sosa incluso ingresó a la Cámara de Diputados durante el debate de la Ley Ómnibus, invitado por la diputada Lilia Lemoine, aunque fue retirado tras un escrache.
