El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Coppola, homologó este martes un acuerdo conciliatorio y de reparación integral firmado entre la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis y la ex intendenta comisionada de Renca, María Ester Fariña, quien había sido imputada por diversos delitos contra la administración pública.
La audiencia contó con la participación del fiscal de Instrucción N° 1, César Hugo Salazar Molina; la fiscal adjunta Andrea Yamil Aguilar; el fiscal de Estado Rafael Berruezo, quien intervino de manera remota; el abogado querellante Juan Ignacio Trusendi; los defensores Francisco Muñoz y Mario Rito Aimale; además de la propia imputada.
Durante la exposición, la Fiscalía recordó que el 19 de diciembre de 2025 se habían formulado cargos contra Fariña por incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, usurpación de títulos y honores y estafa, en perjuicio de la administración pública provincial.
La investigación se originó por presuntas irregularidades ocurridas entre 2011 y 2015, período en el que Fariña se desempeñó como intendenta comisionada de Renca. Entre los hechos señalados se mencionaron supuestas anomalías vinculadas con la falta de rendición de balances y la emisión de cheques.
En la audiencia de este martes, las partes informaron que alcanzaron un acuerdo conciliatorio en el marco del artículo 223 del Código Procesal Penal de San Luis. El convenio fue suscripto por la Fiscalía de Estado y por la ex funcionaria junto a sus abogados defensores.
El acuerdo establece que María Ester Fariña deberá abonar al Estado provincial la suma total de seis millones de pesos ($6.000.000) en concepto de reparación integral. El pago se realizará en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Tras el control de legalidad correspondiente, el magistrado resolvió homologar el acuerdo en todos sus términos y dejó constancia de que el cumplimiento total y en tiempo de las obligaciones asumidas extinguirá la acción penal, permitiendo posteriormente solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa.
Asimismo, la Fiscalía advirtió que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones pactadas, la parte damnificada podrá solicitar la revocación del acuerdo y la continuidad del proceso penal.
