La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras materiales del proyecto hidrocarburífero “Sea Lion”, ubicado en la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La medida fue dispuesta por la jueza federal Mariel Borruto, en el marco de una acción preventiva por presunto daño ambiental colectivo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La demanda fue iniciada contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited, empresas vinculadas al proyecto. La resolución judicial establece una medida cautelar y, según aclaró la magistrada, no implica una definición definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre las cuestiones que deberán resolverse en el juicio principal.
Uno de los elementos centrales considerados por la jueza fue un informe oficial de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, que indicó que las empresas involucradas no habían iniciado un aviso de proyecto ni un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Para Borruto, esta situación resulta relevante porque la Ley General del Ambiente establece la obligación de realizar una evaluación previa para aquellas actividades que puedan producir una degradación significativa del ambiente.
La resolución no sostiene que el proyecto vaya necesariamente a generar un daño ambiental. La magistrada explicó que lo cuestionado es el avance de la actividad sin que previamente se haya realizado el procedimiento destinado a determinar sus posibles impactos ambientales.
En ese sentido, Borruto señaló que “no se afirma que el daño ambiental invocado se producirá”, ya que esa conclusión no puede establecerse en esta etapa del proceso. Según indicó, lo que se constató es que las empresas omitieron realizar el procedimiento legal previsto para determinar si podría producirse un daño y qué medidas deberían adoptarse para prevenirlo o mitigarlo.
A partir de estos elementos, la jueza consideró aplicables los principios de prevención y precaución establecidos por la legislación ambiental y ordenó frenar las obras materiales vinculadas al proyecto mientras continúa el proceso judicial.
