La Justicia de San Luis fijó para el próximo 4 de junio la audiencia de formulación de cargos contra el presidente de GEPU, Néstor Hugo Páez, y tres integrantes de su entorno familiar en el marco de una investigación por presuntas maniobras de administración fraudulenta, estafa y desvío de fondos vinculados al histórico club puntano.
Junto a Páez también fueron citados su esposa y tesorera de la Asociación Civil Escuela Generativa Club GEPU, Alejandra Ferrari; su hija y primera vocal de la institución, Florencia Páez Ferrari; y su yerno, Ángel Federico Miranda Delicia, presidente de la misma entidad educativa.
La causa es instruida por el fiscal Ricardo Barbeito y se encuentra en una etapa clave, ya que la audiencia prevista permitirá formalizar las imputaciones e iniciar la Investigación Penal Preparatoria.
Cómo comenzó la investigación contra las autoridades de GEPU
El expediente judicial tuvo origen el 17 de octubre de 2025, cuando un grupo de socios integrado por Hugo Acosta, Pedro Canali, Jorge Adorno, Héctor Ocampos y Agustín Garro presentó una denuncia patrocinada por los abogados Marcelo y Karim Neme.
Según la presentación, durante varios años habría funcionado un sistema paralelo para administrar fondos generados por distintas actividades del club, entre ellas cuotas societarias, alquileres de canchas, torneos, venta de indumentaria deportiva y eventos recreativos.
Uno de los hechos mencionados en la denuncia es la organización de un bingo que habría generado una recaudación cercana a los 14 millones de pesos.
La cuenta virtual que despertó sospechas
Uno de los avances más relevantes de la investigación se produjo a partir de la detección de una cuenta virtual identificada con el alias «gepusanluis.mp».
De acuerdo con la causa, la cuenta estaba registrada con el CUIT de GEPU, aunque vinculada a una línea telefónica perteneciente a Florencia Páez Ferrari.
A partir del análisis de los movimientos financieros, los investigadores habrían detectado numerosas transferencias hacia cuentas personales vinculadas al entorno familiar de las autoridades investigadas.
Según consta en el expediente, las operaciones bajo análisis se remontan al año 2023.
Los gastos que analiza la Justicia
La investigación también incorporó distintos consumos que, según los denunciantes, no tendrían relación con la actividad institucional del club.
Entre ellos aparecen pagos de servicios particulares, pasajes aéreos, autopartes, alimentos para mascotas, consumos gastronómicos, suscripciones a plataformas de entretenimiento, multas municipales, estacionamiento medido y prestaciones médicas.
Los movimientos financieros analizados también incluyen transferencias por más de 950 mil pesos realizadas durante 2025 hacia la Asociación Civil Escuela Generativa Club GEPU.
Los denunciantes sostienen que esa entidad no tendría vinculación legal con el club deportivo, aunque está integrada por miembros de la familia investigada.
Refacciones particulares y utilización de recursos del club
Otro de los puntos incorporados a la denuncia está relacionado con presuntas obras realizadas en una vivienda particular ubicada en Villa de la Quebrada.
Según la acusación, un trabajador contratado por GEPU para realizar tareas dentro de la institución habría efectuado trabajos privados en el domicilio de Páez y Ferrari.
Además, se investiga si materiales adquiridos con fondos vinculados a la Escuela Generativa fueron utilizados para esas refacciones particulares.
Una audiencia clave para el futuro de la causa
Con la audiencia de formulación de cargos ya programada para el 4 de junio, la investigación ingresará en una instancia determinante.
Será allí donde el fiscal Ricardo Barbeito expondrá formalmente los hechos investigados y solicitará la imputación de las máximas autoridades de GEPU y de integrantes de su entorno familiar.
La resolución que adopte la Justicia marcará el rumbo de una causa que genera fuerte repercusión en el ámbito deportivo e institucional de San Luis.
