La investigación por el fentanilo contaminado sumó nuevos elementos y puso el foco sobre el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. La Justicia federal analiza el accionar de los organismos de control y la posible responsabilidad de las autoridades sanitarias tras una causa que ya vincula al menos 90 muertes y 44 casos de lesiones en distintos puntos del país. El expediente avanza en Argentina mientras se revisan las decisiones tomadas durante la circulación del medicamento cuestionado.
La causa judicial ingresó en una nueva etapa luego de que el juez federal Ernesto Kreplak ampliara los procesamientos de los principales acusados por la elaboración y distribución de fentanilo contaminado. La resolución incorporó 70 fallecimientos adicionales a los 20 que ya habían sido analizados previamente, además de 44 personas afectadas con distintos niveles de gravedad.
La investigación apunta ahora a determinar si los organismos encargados de fiscalizar la producción y comercialización de medicamentos actuaron de manera adecuada frente a las primeras alertas sanitarias. Entre las instituciones bajo análisis aparecen la ANMAT, el INAME y el Ministerio de Salud, cartera que conduce Mario Lugones.
Según la documentación incorporada al expediente, el lote contaminado habría sido producido en instalaciones que presentaban múltiples irregularidades vinculadas a las buenas prácticas de manufactura. El magistrado sostuvo que esas deficiencias incrementaron el riesgo de contaminación y permitieron que el producto llegara al sistema sanitario argentino.
Los peritajes determinaron la presencia de bacterias en ampollas utilizadas en pacientes internados en terapias intensivas y otros servicios hospitalarios. De acuerdo con la investigación, las infecciones derivadas del uso del medicamento contaminado habrían contribuido al fallecimiento de decenas de personas.
Los números del expediente muestran la magnitud del caso. La Justicia identificó más de 10.500 pacientes que recibieron fentanilo durante el período investigado. Tras el análisis de historias clínicas y estudios microbiológicos, los investigadores establecieron un total de 90 muertes y 44 lesionados relacionados con el lote cuestionado.
Además, se reconstruyó la trazabilidad del producto y se determinó que el medicamento circuló en 52 establecimientos sanitarios distribuidos en cinco jurisdicciones del país. Esa tarea permitió retirar ampollas potencialmente peligrosas y ampliar el universo de posibles víctimas.
Mientras las apelaciones continúan su recorrido judicial, el expediente se concentra ahora en esclarecer si existieron fallas de supervisión estatal que facilitaron la distribución del fentanilo contaminado. El avance de esa línea de investigación podría definir nuevas responsabilidades y tener consecuencias políticas para las autoridades sanitarias nacionales.
