El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones de civiles en flagrancia en la frontera norte de Argentina. La medida, oficializada el 15 de abril bajo el “Operativo Roca”, busca reforzar la seguridad en zonas rurales ante delitos y amenazas.
En el marco del “Operativo Roca”, el Gobierno nacional ordenó el despliegue de tropas del Ejército y la Armada en la frontera norte, otorgándoles la potestad de detener civiles que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. La medida, respaldada por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional, complementa las acciones de la Gendarmería y apunta a reforzar el control en zonas críticas.
El operativo contempla un esquema de despliegue flexible que se adaptará a los diferentes escenarios en la región fronteriza, priorizando las áreas rurales alejadas de los pasos oficiales.
El personal involucrado en el operativo fue capacitado bajo las denominadas “Reglas de Empeñamiento”, lineamientos reservados que rigen la actuación de las tropas en el territorio. Además, se les dotó de nuevos equipos de protección individual para fortalecer su seguridad durante las operaciones.
El control de las zonas se realiza mediante un sistema tecnológico que incluye drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicación avanzada y un avión Diamond, utilizado para tareas de relevamiento.
Más de 10.000 efectivos del Ejército participan del despliegue, con 1.300 destinados de manera permanente en los sectores de intervención.
El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la decisión frente a cuestionamientos:
“Es una medida controversial solo para quienes defienden narcos, terroristas y delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”, afirmó.
Petri enfatizó que el accionar de las Fuerzas Armadas en la frontera está permitido por la legislación vigente y recordó que prácticas similares son habituales en países vecinos y en Estados Unidos.
El “Operativo Roca” se articula con el Plan Güemes, vigente desde 2023, que refuerza corredores críticos como Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza en Salta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que el plan apunta a desmantelar redes criminales y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.
«Tenemos identificadas a las bandas criminales y no dejaremos que controlen ni un milímetro del territorio argentino», aseguró Bullrich. Asimismo, anunció un acuerdo de cooperación con Bolivia para recibir alertas en tiempo real sobre vuelos sospechosos, reforzando la vigilancia aérea.
