Dina Boluarte promulgó la ley que aparta a los partidos políticos de tener responsabilidad penal en casos vinculados a corrupción. La presidenta de Perú le puso la firma a una norma aprobada por el Congreso que tiene como fin evitar que organizaciones políticas reciban procesamientos o sean disueltos por estos delitos.
Cabe mencionar que la normativa generará cambios en el Código Penal y modifica la responsabilidad administrativa de personas jurídicas durante el proceso penal. Estos cambios fueron publicados en la gaceta de normas legales del diario oficial El Peruano.
Dina Boluarte, presidenta de Perú. Foto: Reuters.
Allí, se agregó que la nueva ley tiene como objetivo la optimización de la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción de las organizaciones políticas. En el artículo referido a las medidas aplicables a las personas jurídicas establece que a las organizaciones políticas sólo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la ley de organizaciones políticas.
«La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito», precisó. Además, con respecto a las medidas administrativas aplicables, señaló que tampoco se aplica su disolución y nuevamente remite al régimen sancionador de la referida ley de partidos políticos.
Esta ley es aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo semanas antes de que la lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sea sometida a juicio oral por presunto lavado de activos, junto a la cúpula partidaria, bajo el argumento fiscal de que usó su movimiento político para configurar una organización criminal y percibir aportes ilícitos en sus campañas electorales.
Además de la pena de 30 años de cárcel contra Fujimori, la fiscalía pide la disolución de su partido.
Otro fallo alrededor de la política de Perú
Este lunes se conoció que el Poder Judicial de Perú amplió por otros 14 meses la prisión preventiva que cae sobre Pedro Castillo, expresidente entre 2021 y 2022. Actualmente se encuentra procesado por intentar dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, aunque todavía debe probarse en la Justicia.
Con esta ampliación del plazo de prisión, mientras es procesado por presunta rebelión y otros delitos, el exgobernante deberá permanecer encarcelado, como mínimo, hasta el 6 de agosto de 2025, detalló el Poder Judicial en la red social X.
«El plazo ampliado de prisión preventiva responde a que el proceso contra el exmandatario está en etapa intermedia. (La) Medida se computará del 7 de junio de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025», remarcó la información.
Fuente: Canal 26
