Tras la última suba que las prepagas anticiparon por mail, que se aplicará en marzo, el sector asegura que aún queda por recuperar un 40% de lo atrasado en 2023 y eso llevará entre doce y dieciocho meses.
Diversas empresas de medicina privada ya comunicaron a sus afiliados que actualizarán la cuota entre un 23% y un 27%. Entre los argumentos justificados en las notificaciones a las que pudo acceder este diario, aparecen “la importante devaluación del peso” que afecta directamente a los insumos utilizados y medicamentos, el “mantenimiento forzado” de valores de la cuota por debajo de la inflación, el “agregado permanente” de nuevas coberturas, o el acuerdo salarial suscripto con el gremio de Sanidad.
En cualquier caso, no se trata del primer aumento del año. Durante este mes, la suba marcada varió entre un 24% y 30% y en enero subieron en conjunto un 40%, apenas tres días después del anuncio del DNU del presidente Javier Milei, que desregula la actualización del servicio, anteriormente signado por el Índice de Costos de Salud.
Prepagas: las subas en 2023 totalizaron un 134%
La inflación general de diciembre marcó un 211% anual, mientras que la suba de las cuotas marcaron un 134%, según indican desde el sector. A su vez, el IPC para el sector Salud fue de 227% en el mismo período, por lo que converger a este porcentaje requerirá de una suba adicional del 40%. La intención es indexar mensualmente las cuotas a la inflación, y sumar “entre dos y cuatro puntos más”, dependiendo las cuentas de la empresa, para recuperar lo que indican como atrasado.
Las prepagas alegan que es uno de los pocos rubros “transversales a todas las subas más importantes”: aumentos en los combustibles de 145% en un mes y medio, suba de medicamentos del 90% en el último bimestre del año pasado y alimentos por encima del 100% tras la corrección del tipo de cambio de 118%, utilizados para pacientes que atraviesan un período de internación.
Al mismo tiempo, el sindicato anunció el pago de una suma no remunerativa de $70.000 para todos los trabajadores del rubro alcanzados por el convenio colectivo. Se trata de una “gratificación extraordinaria” que representa el 17,44% sobre el básico pactado en el convenio colectivo de enfermería. Para la próxima revisión salarial, FATSA analiza un incremento del 30% sobre las escalas de diciembre, lo que repercutiría en la próxima cuota.
“Estamos en un contexto de inflación absolutamente disparada y un contexto macroeconómico complicado”, alega un representante del sector. También entiende que para muchos afiliados se trata de un servicio imprescindible, ya que el servicio público mantiene grandes profesionales pero se encuentra “colapsado” y con “bajos recursos”, lo cual es un limitante para quién decida dar de baja el servicio. Actualmente, el sistema de salud privado (obras sociales provinciales, prepagas, sanatorios, hospitales de comunidad, PAMI y IOMA) está conformado por 33 millones de usuarios, de los cuales 6 millones son afiliados a la medicina prepaga. Solamente 1,5 millones pagan la cuota completa y 4,5 millones son socios corporativos. “Hay que mirar el contexto global para ver en quiénes impacta de lleno estos aumentos”, justifican.
Piden ayuda al Estado para financiar el PMO
De todos modos, aseguran que las actualizaciones serán menores en tanto la inflación desacelere, aunque ya notan los llamados de los socios por consultas para cambio de planes o desafiliación. Desde el sector solicitan ayuda del Estado para financiar las prestaciones al Plan médico obligatorio (PMO), o sea una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. “Hay gastos extraordinarios, como financiar la escuela a un niño con discapacidad, o el pago de un medicamento por miles de dólares a través de un amparo que hay que financiarlo, pero necesitamos que el Estado se haga cargo parcialmente”, advierten.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de la Nación, emitió un comunicado alertando preocupación por los últimos incrementos y su impacto en los jubilados: “señalamos especialmente la situación de las personas adultas mayores quienes, con una jubilación insuficiente y sin posibilidad de elegir otra alternativa prestacional, están siendo indirectamente obligados a salir del sistema”. Por último, resaltan: “Cabe recordar a las Empresas de Medicina Prepaga que numerosos fueron los pronunciamientos de la Justicia Federal, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de esta Institución Nacional de Derechos Humanos donde se ha dicho que los incrementos de cuota en razón de la edad son arbitrarios y que, en razón de ello, debían dejarse sin efecto con reintegro a los usuarios de los importes abonados”.
Fuente: Ámbito
