Este martes 8 de abril, referentes del sector de discapacidad se concentraron dentro y fuera del Congreso para exigir que avance el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo, fue presentada mientras se realizaba una sesión en la Cámara Baja, con la intención de emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, paralizada desde hace meses.
Apoyo transversal, pero sin consenso total
El proyecto ya cuenta con el visto bueno de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud. También suma el respaldo de bloques como Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal. Sin embargo, aún no tiene el apoyo del PRO ni de La Libertad Avanza, lo que genera incertidumbre sobre su avance parlamentario.
Durante una conferencia de prensa realizada el lunes 7 en la Ciudad de Buenos Aires, organizada por el Foro Permanente de Discapacidad, se advirtió que:
- Los aranceles prestacionales arrastran un atraso del 64% desde enero.
- El nomenclador de servicios no se actualiza desde febrero de 2023.
- Más de 150.000 empleos están en riesgo.
- Unas 200.000 personas con discapacidad podrían perder sus prestaciones.
El proyecto propone establecer una compensación económica mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y realizar un estudio anual de costos, para que los ajustes sean acordes a la inflación.
El diputado Arroyo también cuestionó las medidas aplicadas por la gestión de Javier Milei en materia de discapacidad. Si bien respaldó la necesidad de auditar las pensiones por invalidez, criticó los métodos: “Se generan situaciones de desesperación con cartas documentos y notificaciones poco claras”, señaló.
Además, denunció que la nueva tabla de baremos oficiales utiliza términos estigmatizantes como “imbécil” o “débil mental”, eliminados hace tiempo de la práctica profesional en psicología.
Desde el Foro de Discapacidad también se alertó sobre la campaña de “difamación y recorte” de Pensiones No Contributivas, en un contexto de creciente pobreza que ya afecta al 52,9% de la población.
Arroyo adelantó que, de conseguir el quórum necesario, buscará forzar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a fijar una fecha para tratar la ley. “Aspiro a que el respaldo sea unánime, aunque no tengo certezas. La urgencia es evidente”, expresó.
Mientras tanto, los prestadores no descartan una nueva movilización nacional a principios de mayo si no se avanza con el debate.
