El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, confirmó este jueves nuevos recortes en Trenes Argentinos como parte del proceso de privatización. La medida incluye el despido de 1.937 empleados y una serie de ajustes que buscan atraer inversiones privadas.
La administración de Javier Milei avanza firme con su plan de reestructuración del sistema ferroviario nacional. La Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, anunció una nueva tanda de despidos en Trenes Argentinos. En total, 1.937 trabajadores serán desvinculados en los próximos meses, con el objetivo de reducir la planta a 20.000 empleados, desde un total inicial de 23.834.
El anuncio forma parte de una serie de medidas de ajuste que el Gobierno justifica como necesarias para «sanear la empresa» y avanzar hacia su privatización, enmarcada en la ley de Bases y el decreto de Emergencia Ferroviaria.
Durante 2024 ya se habían concretado 1.897 despidos, lo que representó una reducción del 8% en la dotación total de personal. Según datos oficiales, estas bajas incluyen puestos duplicados, empleados sin funciones o ausencias reiteradas, y significaron un ahorro anual estimado en $24.500 millones.
Además de la reducción de personal, el Gobierno implementó otros recortes:
- Eliminación del 32% de los cargos jerárquicos (277 puestos), con un ahorro de $13.257 millones anuales.
- Disminución del 73% en horas extras, pasando de 29.500 a 7.842 mensuales, lo que generó un ahorro de $600 millones por año.
- Baja de 2.200 líneas telefónicas no esenciales, lo que redujo gastos en $72 millones anuales.
Menos tercerización y control de contratos
Otra medida destacada fue la reasignación de tareas de mantenimiento como poda, desmalezado y desagües a personal propio, evitando la tercerización. Esta decisión implicó un ahorro anual de $6.722 millones.
En paralelo, se renegociaron o cancelaron contratos con empresas de seguridad privada heredadas de gestiones anteriores, reduciendo gastos por $12.600 millones.
También se recortó un 30% la flota de vehículos alquilados que no tenían funciones asignadas, lo que generó un ahorro de $3.192 millones al año
