El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta incluida en la reforma laboral que reduce las contribuciones patronales para nuevas contrataciones durante cuatro años. La medida fue oficializada este lunes mediante el decreto 315/2026 publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de fomentar el empleo registrado en el sector privado.
Decreto y contexto de la medida
La normativa lleva la firma del presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo. La reglamentación se conoce luego de una resolución judicial que habilitó al fuero contencioso administrativo a intervenir en la causa impulsada por la CGT contra la reforma laboral, desplazando la competencia del fuero laboral.
El esquema apunta a incentivar la incorporación de trabajadores que no estaban registrados al 10 de diciembre de 2025 o que se encontraban desempleados en los seis meses previos a su contratación.
Cómo funciona el régimen de reducción de aportes
El RIFL establece que los empleadores que adhieran al sistema abonarán una alícuota reducida del 8% en contribuciones patronales por cada nuevo trabajador. Dentro de ese porcentaje, un 3% se destina al fondo de indemnizaciones.
El beneficio tendrá una duración de cuatro años y podrá ser aplicado por empleadores inscriptos a partir del 10 de diciembre de 2025, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Además, el régimen contempla un tope de aplicación de hasta el 80% de la nómina laboral.
Quiénes pueden ser contratados bajo este esquema
El programa está dirigido a trabajadores que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:
No haber tenido empleo registrado en el sector privado al momento de la fecha de corte establecida
Haber estado desempleados en los seis meses previos a la contratación
Ser monotributistas antes del inicio de la relación laboral
Provenir del empleo público en cualquiera de sus niveles
Distribución de los aportes
La normativa detalla cómo se asignarán los aportes reducidos. La alícuota del 2% se distribuirá entre el Sistema Integrado Previsional Argentino, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, respetando proporciones habituales.
Por su parte, el 3% restante se dirigirá al sistema de salud administrado por el INSSJP.
El decreto también aclara que cualquier ingreso adicional que perciba el trabajador una vez iniciada la relación laboral no afectará los beneficios otorgados al empleador dentro de este régimen.
Impacto y objetivo de la reforma
La iniciativa busca reducir el costo laboral para las empresas y facilitar la incorporación de trabajadores al sistema formal. Con este esquema, el Ejecutivo apunta a ampliar la base de empleo registrado y disminuir la informalidad, uno de los principales desafíos del mercado laboral argentino.
Si bien el régimen ya está reglamentado, su implementación se dará en un contexto de debate judicial y sindical en torno a la reforma laboral, lo que podría influir en su alcance y aplicación futura.
