El 3 de julio, la Legislatura de Río Negro sancionó una ley que autoriza la comercialización de fauna silvestre y elimina a los guardafaunas provinciales. Impulsada por el gobernador Weretilneck, la norma generó un fuerte rechazo de ambientalistas y científicos, que advierten sobre sus riesgos ecológicos.
Una reforma ambiental que genera polémica
Con mayoría oficialista, la Legislatura de Río Negro aprobó un nuevo régimen de gestión de fauna silvestre que reemplaza a la histórica Ley Q Nº 2056, vigente desde 1985. La norma habilita la venta y exportación de especies nativas y su material genético, elimina el cuerpo de guardafaunas y traslada la gestión ambiental del área de Medio Ambiente al Ministerio de Desarrollo.
La iniciativa fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y votada en una sola vuelta, sin audiencias públicas ni consultas técnicas, lo que desató fuertes críticas por parte de organizaciones ambientales, sectores científicos y comunidades originarias.
El texto legal introduce una serie de disposiciones clave que preocupan a expertos:
- Habilita la comercialización y exportación de fauna silvestre y su material genético.
- Permite el uso económico de especies como la mojarrita desnuda, la ranita de Challhuaco, el guanaco, el pudú-pudú y la avutarda.
- Disuelve oficialmente el cuerpo de guardafaunas provinciales, clave en la fiscalización ambiental.
- Traslada la gestión de fauna silvestre del ámbito ambiental a un área enfocada en desarrollo productivo.
Desde Fundación Humedales advirtieron que esta ley representa una “mercantilización sin precedentes de la vida silvestre”, y la compararon con los modelos extractivistas que afectaron a especies como los elefantes en África.
Durante el debate parlamentario, la diputada Magdalena Odarda (Vamos con Todos) solicitó informes sobre la capacidad actual de control ambiental. Según datos oficiales, solo cinco guardafaunas y tres vehículos cubren una superficie de más de 203.000 km², incluyendo zonas críticas como el Parque Nacional Nahuel Huapi y áreas con conflictos territoriales indígenas.
Además, hay 14 cotos privados de caza habilitados en distintas regiones, como Bariloche, Pilcaniyeu, Conesa, Avellaneda y Adolfo Alsina. Muchos de estos predios están ubicados en territorios reclamados por comunidades mapuche-tehuelche, lo que suma un componente de tensión sociopolítica a la problemática.
¿Qué diferencia un criadero de un coto de caza?
La nueva legislación diluye los límites entre criaderos de especies nativas y cotos de caza con fauna exótica, como el habilitado con inversión de Emiratos Árabes Unidos en Alto Chubut. Para especialistas, esto podría favorecer actividades sin el control adecuado, aumentando la presión sobre ecosistemas frágiles.
A contramano de tendencias internacionales —como el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho—, Río Negro reactiva un modelo extractivo que prioriza el beneficio económico sobre la conservación.
