Yris Garay, la joven de 23 años acusada de prender fuego y causar la muerte de su pareja, se abstuvo de declarar en la audiencia de formulación de cargos desarrollada este viernes, y sus abogadas defensoras solicitaron la prórroga de detención de 8 días. El juez de Garantías N° 2 de la ciudad de San Luis, Ariel Parrillis, concedió el pedido.
La Fiscalía, en tanto, calificó el hecho como “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por el ensañamiento”, y solicitó que se le dicte la prisión preventiva a la imputada por la muerte de Brandon Bustos, de 23 años.
En su formalización de la investigación penal preparatoria, el fiscal de Instrucción, Esteban Roche, narró que Garay y Bustos eran pareja desde el 2020 y tenían un hijo de un año y dos meses. El 17 de octubre de 2023, cerca de las 23.00, en la casa 5 de la manzana J del barrio 1º de Mayo, al oeste de la capital puntana, comienza una discusión entre la imputada y la víctima porque el hombre se quiso ir en moto a su trabajo.
“Garay no lo dejaba salir y buscó una botella de tres litros para sacarle la nafta a la moto Honda 150. Mientras seguían discutiendo, ella lo rocía a Bustos en la zona de la cara y con un encendedor lo prende fuego. Brandon intenta salir, pero la mujer tampoco lo deja. Pasados unos minutos logra salir y es auxiliado por un tío de la imputada. El hombre relató que vio una bola de fuego, vio que era Brandon, intentó ayudarlo, le tiró agua y luego lo llevó al Hospital del Oeste”, explicó el fiscal.
El joven luego fue derivado al Hospital Carrillo donde ingresó con más del 50% del cuerpo quemado y fallas multiorgánicas. Diecisiete horas después del hecho, Bustos falleció. La autopsia realizada por la forense del Poder Judicial, Marcela Gómez, determinó que la víctima tenía quemaduras en la zona de la cabeza, torso, espalda, tráquea y pulmón.
El representante de la Fiscalía dijo que es necesario el dictado de la prisión preventiva porque hay elementos de convicción suficientes en cuanto al hecho y la participación de Garay, y que existe el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.
“Estamos ante un hecho que presenta una violencia inusitada y cuya pena en expectativa es la máxima que prevé el Código Penal y es lógico pensar que la imputada no va a querer someterse al proceso siendo que si recae una condena será efectiva. Es importante remarcar la solidez de la imputación y la calidad de la prueba que esta Fiscalía ha reunido hasta el momento, y aunque estamos en el inicio de la causa no deja de ser un delito intrafamiliar ante el cual es clara la influencia que puede ejercer la libertad de la imputada sobre los testigos que tienen que declarar”, afirmó Roche.
