El accidente ocurrió el 23 de noviembre de 2021, cerca del mediodía. La mujer, que tenía 55 años, circulaba en bicicleta cuando intentó doblar en una esquina y la rueda delantera resbaló sobre un sector del asfalto cubierto por agua acumulada y verdín.
La caída fue fuerte y le provocó una lesión en la pierna izquierda. Personas que pasaban por el lugar la asistieron y la trasladaron a un hospital público, donde los médicos diagnosticaron una fractura trimaleolar de tobillo.
La lesión comprometió tres sectores de la articulación y requirió una cirugía reconstructiva con la colocación de material de osteosíntesis. Además, la mujer quedó con secuelas permanentes que afectaron su movilidad y la posibilidad de realizar actividades cotidianas.
Por qué condenaron al municipio y a la empresa de agua
Después del accidente, la víctima inició una demanda por daños y perjuicios contra el municipio y la compañía estatal responsable del servicio de agua potable.
En su presentación, sostuvo que el charco se había formado por una pérdida en las cañerías que llevaba meses sin solución. También señaló que en el lugar no había carteles ni advertencias para alertar a quienes circulaban sobre el peligro.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mercedes consideró acreditado el episodio mediante testimonios de personas que presenciaron la caída, fotografías del sector y documentación médica.
Uno de los elementos relevantes para la resolución fue que la propia empresa de agua reconoció haber reparado la avería pocos días después del accidente.
El fallo determinó que el municipio debía garantizar condiciones seguras de circulación y advertir sobre posibles riesgos en la vía pública. A su vez, atribuyó responsabilidad a la compañía por no solucionar oportunamente el problema en las cañerías.
Cómo se distribuyen los más de $22 millones de indemnización
La sentencia de primera instancia estableció una compensación total de $22.205.435,10, a la que deberán sumarse los intereses correspondientes.
El monto contempla las consecuencias físicas, psicológicas y económicas que sufrió la víctima. El desglose quedó establecido de la siguiente manera:
- $15.405.435,11 por incapacidad física permanente.
- $3.500.000 por daño moral y estético.
- $3.000.000 por daño psicológico y tratamiento.
- $300.000 para cubrir gastos asistenciales.
Los jueces también tuvieron en cuenta que las secuelas de la fractura limitaron la capacidad de la mujer para caminar normalmente, realizar esfuerzos físicos y desenvolverse en sus actividades habituales.
En cuanto a la responsabilidad, la Justicia asignó un 70% a la empresa de agua y un 30% al municipio. Sin embargo, determinó que ambos debían responder por el pago total de la indemnización frente a la damnificada. La condena también incluyó a la aseguradora citada en garantía.
La Cámara rechazó las apelaciones y confirmó la condena
Tanto el municipio como la empresa de agua y la aseguradora cuestionaron la sentencia e intentaron revertirla mediante distintas apelaciones.
Entre sus argumentos, pusieron en duda las circunstancias del accidente, la existencia del charco con verdín y la magnitud de los montos establecidos. La compañía también planteó que la caída había ocurrido por una supuesta imprudencia de la ciclista.
Sin embargo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los planteos y confirmó la condena.
Los magistrados consideraron que los testimonios respaldaban la existencia de una pérdida constante de agua y un hundimiento del asfalto que favorecía la acumulación del líquido.
Además, señalaron que circular en bicicleta por la vía pública no constituye por sí mismo una conducta imprudente. También destacaron que el agua ocupaba prácticamente todo el ancho de la calle, por lo que la mujer no tenía una alternativa razonable para evitar atravesar ese sector.
Una condena por el estado de la vía pública
Con la decisión de la Cámara, quedó firme la indemnización de $22.205.435,10 más intereses para la mujer que sufrió la fractura.
El caso vuelve a poner en discusión las obligaciones de los municipios y de las empresas prestadoras de servicios públicos respecto del mantenimiento de las calles y la reparación de desperfectos que pueden representar un peligro para quienes transitan por la vía pública.
