La Justicia de Villa Mercedes extendió la prisión preventiva de Mayte Reyna del Portugal Escudero hasta la finalización del juicio oral en la causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos en el barrio Familia Unida.
La decisión se tomó este lunes durante una audiencia en el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini. Además, la magistrada ordenó al Servicio Penitenciario Provincial adoptar las medidas necesarias para preservar la salud psicofísica de la mujer.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la medida al considerar que persisten los riesgos procesales. La querella adhirió al pedido, mientras que la defensa cuestionó la medida, planteó posibles vulneraciones de derechos y expuso la situación de salud de su representada. La propia Escudero también tomó la palabra para referirse a su estado.
La causa por la presunta venta irregular de terrenos
La investigación apunta a presuntas maniobras de defraudación mediante la firma de convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que, de acuerdo con la acusación fiscal, no pertenecían a Escudero y cuya posesión no podía acreditar.
Los lotes están ubicados en la zona del barrio Familia Unida y abarcarían unas 16 manzanas. De acuerdo con la información judicial, esos terrenos fueron adquiridos por la Municipalidad de Villa Mercedes mediante procedimientos administrativos y luego cedidos al Gobierno provincial, que tiene a su cargo un proyecto de construcción de viviendas.
En la formulación de cargos, la Fiscalía describió una presunta defraudación millonaria y señaló que las operaciones tenían montos variables, con pagos que en algunos casos se realizaban en cuotas.
Qué penas pidió la Fiscalía
La causa fue elevada a juicio oral el 30 de septiembre. En la audiencia de control de acusación, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Escudero sea juzgada por estafas reiteradas en concurso real, en calidad de coautora, por 27 hechos.
También pidió que Luciano Pizarro Quilaman sea juzgado como autor de defraudación simple por cinco hechos en concurso real.
Para Escudero, la Fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión, mientras que para Quilaman requirió siete años de prisión de cumplimiento efectivo.
Entre los agravantes señalados por la acusación figuran la presunta organización de las maniobras, la participación de varias personas y la magnitud del perjuicio patrimonial denunciado.
Con la apertura a juicio y la admisión de las pruebas, la causa fue remitida para que se designe el tribunal que llevará adelante el debate oral.
