Este lunes se conoce el fallo judicial por la muerte de 10 residentes del geriátrico Apart Los Incas, en Belgrano, tras un brote de COVID-19 en abril de 2020. Seis personas enfrentan cargos por abandono y negligencia durante la emergencia sanitaria.
El caso que conmovió al país en los primeros meses de la pandemia de COVID-19 llega a su instancia final. Este lunes, el Tribunal Penal, Contravencional y de Faltas N.º 12 de la Ciudad de Buenos Aires dará a conocer el veredicto por las muertes ocurridas en el geriátrico Apart Los Incas, ubicado en Av. de los Incas y Zapiola, barrio porteño de Belgrano.
El brote ocurrió en abril de 2020, cuando el coronavirus comenzaba a expandirse por Argentina. Según denuncias de familiares y testimonios clave, durante un fin de semana entero el establecimiento operó sin médicos, directivos ni personal capacitado. Solo un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero estuvieron a cargo de más de 12 residentes. La falta de atención derivó en un contagio masivo que terminó con la vida de 10 de las 19 personas que vivían allí.
El proceso judicial comenzó el 19 de mayo de 2025, con la intervención de los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo. Hay seis personas imputadas:
- Hugo Visca y Daniela Alejandra Gonzalo
- Luis Daniel Megyes y Alicia Haydee Allegue
Propietarios y administradores del geriátrico. - Carla Raffo, directora médica del establecimiento.
- Paula Trunzo, exfuncionaria del Gobierno porteño, a cargo de la fiscalización de geriátricos.
Los cuatro propietarios y la médica enfrentan cargos por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias. En tanto, a Trunzo se le imputa incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Irregularidades previas a la pandemia y penas solicitadas
Durante el juicio, se presentaron pruebas de que las condiciones en el geriátrico ya eran deficientes antes de la crisis sanitaria: historias clínicas desactualizadas, ausencia de controles médicos y empleados presionados a trabajar con síntomas compatibles con COVID-19.
Los fiscales solicitaron penas que van desde los 3 hasta los 8 años de prisión, además de inhabilitaciones para los acusados. Puntualmente:
- Megyes: entre 3 y 8 años.
- Visca y Raffo: entre 3 y 6 años.
- Gonzalo y Allegue: 3 años de prisión.
- Trunzo: se pidió su absolución, al entender que no tenía atribuciones legales para intervenir de forma directa en 2020.
“Este caso marcó un antes y un después. A partir de esta tragedia se endurecieron los protocolos y los controles en geriátricos”, expresó el abogado Ignacio Trimarco, representante de familiares de las víctimas.
Por su parte, las defensas pidieron la absolución, argumentando que la situación se produjo por fuerza mayor en el marco de una pandemia sin precedentes.
