El presidente Javier Milei vetó por completo la Ley de Emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales, aprobada en el Congreso tras las graves inundaciones de marzo. El veto fue oficializado este martes 24 de junio mediante el Decreto 424/2025, generando fuerte polémica por dejar sin efecto un fondo especial de asistencia por $200 mil millones.
El presidente Javier Milei decidió vetar totalmente la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en zonas de la provincia de Buenos Aires afectadas por el temporal, particularmente en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. La decisión fue formalizada este martes a través del Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La norma había sido sancionada por el Congreso el 4 de junio con apoyo mayoritario en ambas cámaras, y contemplaba la creación de un fondo especial de $200 mil millones para asistir a damnificados y financiar la reconstrucción en las zonas afectadas.
Fondos, créditos y exenciones para los damnificados
La Ley de Emergencia vetada establecía:
- Declaración de emergencia por 180 días en los municipios afectados.
- Fondo especial bajo la órbita de Jefatura de Gabinete por $200 mil millones.
- Suspensión de ejecuciones contractuales y plazos de gracia para los damnificados.
- Créditos blandos a través del Banco Nación.
- Prioridad para recursos y empresas locales en obras de reconstrucción.
- Coordinación con la provincia para eximir impuestos y tasas.
La ley también buscaba garantizar la reconstrucción de viviendas, apoyo a actividades productivas y alivio económico inmediato para las familias afectadas.
El Ejecutivo dice que ya existen medidas vigentes
Según el texto del decreto, el Gobierno consideró innecesaria la norma sancionada porque ya se habían implementado medidas similares mediante el Decreto 238/2025. Este decreto había creado el programa Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) y un fondo con igual monto, gestionado por el Ministerio de Seguridad.
Además, el Ejecutivo aseguró que:
- El 85,43% de los inscriptos al SUR ya cobraron la asistencia.
- Un 10,55% está en proceso de evaluación.
- Solo el 4,01% fue rechazado.
También se objetó la inclusión del municipio de Coronel Rosales, ya que informes del Servicio Meteorológico Nacional no lo identificaron como zona crítica. Otro argumento central del veto fue que la ley no especificaba la fuente de financiamiento del fondo, lo que el Gobierno consideró un problema legal y fiscal.
Con el veto presidencial, el Congreso de la Nación tiene la posibilidad de insistir con la sanción original de la ley. Para ello, deberá reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras, algo que podría resultar complejo en el actual escenario político.
Mientras tanto, organizaciones sociales y referentes de Bahía Blanca expresaron su preocupación por el retroceso en las medidas de apoyo a los damnificados, que aún enfrentan serias dificultades tras las inundaciones de marzo.
