La fiscal adjunta María José Guiñazú imputó este martes a Luciano Miranda por su presunta participación en dos nuevos hechos delictivos ocurridos en mayo y julio en la ciudad de San Luis. Además, solicitó al Juzgado de Garantía en feria la imposición de una prisión preventiva por 90 días, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del proceso y proteger a las víctimas involucradas.
La audiencia se llevó a cabo ante la jueza Natalia Lazarte Otero. Miranda fue representado por la defensora penal N° 3, Stefanía Cifuentes, quien solicitó una prórroga de detención de ocho días. La magistrada hizo lugar a este pedido.
Durante la audiencia, Guiñazú recordó que el imputado posee antecedentes penales, incluyendo una condena en suspenso dictada en octubre de 2024 por robo, violación de domicilio y hurtos en grado de tentativa. También participó en la audiencia la fiscal de Instrucción N° 5, Débora Roy Gitto.
Dos hechos bajo una misma investigación
El primero de los hechos ocurrió el 13 de mayo, alrededor de las 3:50, cuando Miranda, junto a un cómplice no identificado, ingresó a un comercio en calle Riobamba al 2000 y sustrajo una garrafa de 10 kilogramos. La rápida intervención policial, tras el aviso de la víctima al 911, permitió interceptar y detener al sospechoso a pocos metros del lugar, con el objeto en su poder.
El segundo hecho tuvo lugar el 14 de julio, cerca de las 7:00, en un predio deportivo de calle San Juan al 2500. De acuerdo con la denuncia, Miranda habría trepado un muro y, tras romper un ventiluz, ingresado al salón principal del establecimiento. Fue captado por las cámaras de seguridad y detenido por personal policial, que lo encontró oculto bajo unas colchonetas.
Calificación legal y fundamentos del pedido
La fiscalía calificó los delitos de forma provisional como:
- Hurto simple en grado de tentativa, en perjuicio de Susana Cisman Díaz.
- Robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, en perjuicio de Débora Aguirre y Cristian Acevedo.
El pedido de prisión preventiva se fundamentó en la reiteración de conductas delictivas, el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación —ya que aún no se han tomado declaraciones clave—, y el incumplimiento de medidas judiciales previas, como la prohibición de salida de la provincia y la firma periódica.
“Al aquí imputado se le ha dado la posibilidad de transitar en libertad en los procesos, inclusive con una condena que tiene en suspenso, y entendemos que esta persona no entiende de esto y vuelve a cometer actos ilícitos”, expresó la fiscal Guiñazú.
