El gobierno interino de Perú impuso el estado de emergencia en Lima y Callao tras las masivas manifestaciones que dejaron un fallecido y más de 100 heridos. La medida busca contener los disturbios que sacuden al país desde hace un mes y que exigen la salida del Congreso y del presidente José Jerí.
Estado de emergencia y presencia militar en la capital
El jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, anunció que la disposición regirá en Lima y el Callao, afectando a unos 10 millones de habitantes. Bajo este régimen, el Ejecutivo podrá desplegar fuerzas militares, restringir reuniones y limitar derechos civiles con el fin de restablecer el orden.
Álvarez no descartó la posibilidad de imponer un toque de queda nocturno, ante los hechos de violencia registrados en distintas zonas de la capital. Se trata de los enfrentamientos más graves desde el inicio de las protestas, que dejaron 113 heridos —84 policías y 29 civiles— según datos oficiales.
Jóvenes lideran las manifestaciones
Las protestas, impulsadas en gran parte por jóvenes de la Generación Z, se desarrollan en rechazo al Congreso y al gobierno interino de José Jerí, a quien acusan de representar la continuidad del viejo sistema político. Los manifestantes corean la consigna “Que se vayan todos”, en referencia a la crisis institucional que atraviesa el país.
Indignación por la muerte del rapero “Trvko”
La tensión aumentó tras la muerte del rapero Eduardo Ruiz, conocido artísticamente como Trvko, quien fue asesinado por el disparo de un agente policial durante una protesta. El hecho generó una ola de indignación en redes sociales y en las calles de Lima.
“Fue un asesinato cobarde”, expresó Solaris Raez, un estudiante universitario de 25 años que participó en el homenaje a la víctima.
El general Óscar Arriola informó que el policía involucrado fue detenido y otro oficial quedó separado de la fuerza, mientras se desarrolla la investigación interna.
Reacción del gobierno y medidas urgentes
Ante la creciente presión social, el presidente José Jerí solicitó facultades legislativas de urgencia al Congreso para reforzar la seguridad interna y controlar los centros penitenciarios, en un intento por frenar el descontento ciudadano.
Sin embargo, sectores opositores y organizaciones civiles advirtieron que el estado de emergencia podría agravar las tensiones y limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y manifestación.
