El juez Juan Manuel Montiveros Chada, titular del Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, tuvo por formulados los cargos contra Zulma Karina Fernández y Juan Pablo Puertas por el presunto delito de usurpación de un inmueble rural ubicado en la localidad de Los Manantiales, departamento Belgrano.
La audiencia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 2, representada por la fiscal adjunta Ornella Costa, con la intervención de la querella en representación del denunciante, Jonathan Fernández. La defensa de los imputados estuvo a cargo de los abogados Zarif y Karim Neme.
Según la acusación, los hechos se habrían iniciado en mayo de 2023 en un campo ubicado sobre la ruta provincial Nº 15, en el paraje Las Porteñitas. La fiscalía sostuvo que los imputados permanecieron en el lugar pese al pedido de restitución realizado por el propietario, quien inicialmente habría autorizado su permanencia de manera provisoria.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el denunciante constató posteriormente que la vivienda estaba finalizada y que los ocupantes habrían alquilado parte del terreno para pastoreo. Además, la fiscalía indicó que los imputados habrían cambiado cerraduras y tranqueras, impidiendo el ingreso del propietario, y que habrían solicitado 10 mil dólares para devolver el inmueble.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó como medidas de coerción la firma mensual en la Unidad de Gestión Fiscal durante cuatro meses y la prohibición de salir de la provincia por el mismo período. La querella adhirió a la acusación y adelantó que podría solicitar el lanzamiento de los ocupantes del inmueble.
Por su parte, la defensa rechazó la formulación de cargos y las medidas solicitadas, al considerar que no existen pruebas suficientes y que el conflicto se encuentra también en trámite en el fuero civil. Argumentaron que sus defendidos ejercen actos de posesión desde hace años y que realizaron mejoras y pagos de impuestos en el lugar.
Finalmente, el juez resolvió admitir de manera provisoria la formulación de cargos, dando inicio a la investigación penal preparatoria, y aclaró que la imputación no implica una declaración de culpabilidad. Asimismo, rechazó las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía al no advertir riesgos procesales en esta etapa del proceso.
