El abogado de Cintia Ramírez, Marco Juárez, afirmó este martes que la «movilización« del Gobierno —a través de los medios vinculados a Claudio Poggi— ante el juicio contra la exsecretaria de Deportes «demuestra que la prueba es endeble«.
Ramírez enfrenta un proceso judicial por los delitos de peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Colectivos y pancartas
Juárez señaló que instalar colectivos frente al edificio de Tribunales con una pancarta que acusa a Ramírez por el supuesto robo de 219 mil dólares «demuestra que el Gobierno no tiene ningún recurso real para condenarla, ni para llevarla a juicio».
La primera jornada de audiencias
Luego de la primera jornada del juicio, el letrado remarcó que Gabriel Rivero —exfuncionario bajo el mando de Ramírez y luego su reemplazante al frente de la cartera— declaró que la denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, que conduce Ricardo André Bazla. Sin embargo, el informe no se incorporó como prueba en el expediente.
«Si hubiera existido o existe esa auditoría, ¿por qué no la incorporaron como prueba? Nosotros pedimos una auditoría, una pericia contable», recordó Juárez.
Las imputaciones
A Ramírez le imputan 188 transferencias destinadas a San Luis Fútbol Club, institución que ella presidía, y el presunto pago de sobreprecio para la compra de un colectivo que el Estado le obsequió al club como reconocimiento por haber ascendido a la primera división del fútbol argentino.
En la primera audiencia también prestó testimonio el contador del Ente Deportes, Gonzalo Sánchez Velázquez. A preguntas de la defensa, señaló que no estaban ni las órdenes de pago que se le atribuyen a la imputada ni constancias de las transferencias.
«Esas transferencias demuestran la ruta del dinero para probar que hubo erogación de dinero del Estado a esas personas o a esas empresas. Nosotros nos hemos cansado de pedir eso e incluso solicitamos la colaboración al Ministerio Público Fiscal, y nos dijeron que eso es lo único que tienen», insistió el abogado.
La compra del colectivo
Respecto de la adquisición del vehículo, Juárez hizo hincapié en la declaración de Ana María Oros, jefa de Hacienda del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública, que fue quien envió las copias certificadas de la tramitación.
«El expediente pasó por Hacienda, pasó por la Tesorería, pasó hasta por Fiscalía de Estado, pero nunca pasó por Cintia Ramírez. Se le atribuye participación en la compra, pero nunca pasó por ella», sentenció.
«Quien ordena la compra del colectivo es la Secretaría General del Gobierno, no Cintia Ramírez«, remarcó Juárez. En el momento de la transacción, el secretario General era Miguel Berardo, que no está imputado en la causa y declarará como testigo propuesto por la defensa.
El testimonio de Alberto Rodríguez Saá
Juárez confirmó que el exgobernador Alberto Rodríguez Saá comparecerá ante el Tribunal. Está citado para este miércoles. De todos modos, el exmandatario ya hizo una declaración que quedó registrada ante los abogados de Ramírez.
Pese a que calificó el proceso judicial como carente de pruebas, Juárez confió en que la resolución absolverá a Ramírez de las acusaciones.
«Confío en la Justicia. Me ha tocado defender en causas con muchísimas connotaciones políticas, y sigo creyendo en la Justicia. Aunque hay que ser realistas: muchas veces el teléfono suena de arriba y eso puede influir en algunos jueces», completó.
