A 300 días de la detención del abogado argentino Germán Giuliani en Venezuela, su esposa e hijos reclamaron públicamente su liberación. El pedido fue dirigido a las autoridades venezolanas, a quienes responsabilizan por lo que consideran una detención injusta y sin fundamentos legales.
Reclamo familiar tras 300 días de detención
La familia de Germán Giuliani difundió un mensaje en redes sociales para visibilizar la situación del abogado, detenido desde mayo de 2025. En el video, su esposa, Virginia Rivero, pidió su liberación inmediata y describió el impacto emocional que atraviesan desde su arresto.
Según expresó, la familia vive un proceso marcado por la incertidumbre y el sufrimiento, y sostuvo que no existe justificación legal ni humanitaria para que continúe privado de su libertad.
Las hijas del abogado también participaron del mensaje. Señalaron que se trata de una detención arbitraria y aseguraron que su padre no cometió ningún delito, al tiempo que instaron a las autoridades a revertir la situación.
Acusaciones y situación judicial
Tras su detención, el dirigente venezolano Diosdado Cabello vinculó a Giuliani con un presunto caso de narcotráfico, aunque la familia rechaza esas acusaciones.
De acuerdo al testimonio de Rivero, el abogado fue trasladado en diciembre de 2025 a la cárcel Yare II. Además, indicó que en enero logró mantener una breve comunicación telefónica con él.
Giuliani había viajado a Venezuela en abril por motivos laborales y fue arrestado un mes después por las autoridades locales.
Gestiones internacionales y contexto
El pasado 3 de marzo, la familia solicitó la intervención de la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, con el objetivo de avanzar en gestiones para su liberación.
En los últimos dos años, otros ciudadanos argentinos fueron detenidos en Venezuela, aunque todos recuperaron la libertad. El caso más reciente fue el del gendarme Nahuel Gallo.
Según datos de la organización Foro Penal, actualmente hay más de 500 personas consideradas presos políticos en el país. En paralelo, una ley de amnistía aprobada este año ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos por su alcance limitado.
