La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió durante 2025 un total de 58.424 nuevos expedientes, la cifra más alta de los últimos 11 años y un 27,9% más que en 2024, según el Anuario Estadístico 2025 publicado por el máximo tribunal a través de su Oficina de Estadísticas.
El dato refleja una tendencia preocupante: el crecimiento de la litigiosidad es sostenido desde 2021 y coloca al tribunal al límite de su capacidad operativa.
El peso de los reclamos jubilatorios
El abrumador protagonismo de los juicios previsionales es el dato más saliente del informe. La Secretaría Previsional concentró el 71,56% del total de ingresos, con 41.806 causas. Le siguen la Secretaría Laboral (12,96%) y la Penal (4,76%).
Del total de expedientes, el 96,9% (56.614 casos) fueron recursos, lo que evidencia que el máximo tribunal actúa mayoritariamente como instancia revisora de decisiones previas.
ANSES, la principal litigante
El 59,12% de las presentaciones provino de Gobiernos, Organismos y Dependencias Públicas. Dentro de esa categoría, la ANSES fue la protagonista excluyente: participó en el 93,03% de los casos (32.133 expedientes), explicó la abogada previsionalista Silvia Rapisarda, del estudio Rapisarda – Miotti.
En la categoría Empresas, las ART representaron el 79,39% de los ingresos.
Un colapso anunciado
El desequilibrio entre ingresos y egresos es crítico. En 2025 se resolvieron 26.524 casos (un 39,19% más que en 2024), pero el fuerte crecimiento de nuevos ingresos dejó un stock de 31.900 expedientes pendientes.
La duración promedio de cada caso resuelto fue de 609 días (un año y ocho meses).
Origen de las causas en la Corte Suprema
El 78,45% de los expedientes provino de Cámaras Federales (45.838 casos). El 48,3% de las causas presentadas en 2025 iniciaron su trámite en el sistema judicial entre 2023 y 2025, lo que evidencia una litigiosidad reciente y en expansión.
Inconstitucionalidades
En 2025, el Tribunal declaró la invalidez constitucional de al menos una norma en 24 casos. En total se declararon 41 inconstitucionalidades: el 90,24% correspondió a leyes, decretos y resoluciones provinciales, y el 9,76% a una norma de carácter nacional (decreto de necesidad y urgencia).
