El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la segunda y tercera circunscripción judicial resolvió los recursos de apelación y revisión presentados por las defensas y la querella en la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida el 5 de abril de 2020 en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara.
Mediante el autointerlocutorio N°40, el Tribunal confirmó, por mayoría, la formulación de cargos en la causa, que se encuentra en etapa inicial de investigación penal preparatoria. El Ministerio Público Fiscal cuenta con un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.
Prisión preventiva para las cuatro implicadas
El Tribunal rechazó los recursos de las defensas y confirmó de manera parcial lo resuelto en la audiencia de imputación. Además, hizo lugar al planteo de la querella particular y admitió una calificación legal más gravosa para dos de las imputadas, en calidad de coautoras del delito de torturas seguidas de muerte.
Se ratificó la prisión preventiva de los imputados Clavero y Ontiveros, y se dispuso la misma medida —por el plazo de 90 días— para Torres y Argüello, en función de los riesgos procesales evaluados.
Coexistencia de hipótesis
La resolución reconoce la coexistencia de distintas hipótesis del caso: por un lado, la sostenida por la Fiscalía y, por otro, la impulsada por la querella particular. Ambas líneas podrán desarrollarse durante la investigación penal preparatoria.
La muerte de Magalí Morales
La causa se originó por los hechos ocurridos en abril de 2020 en una dependencia policial de Santa Rosa del Conlara, en el contexto de las restricciones sanitarias de la pandemia de coronavirus.
En la audiencia del 16 de marzo, el juez Nicolás Cóppola imputó al subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero, al oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros, a la sargento ayudante María Eugenia Arguello y a la oficial Victoria Johana Paola Torres.
En aquella oportunidad, la Fiscalía pidió prisión preventiva para los dos uniformados y medidas morigeradas para las mujeres. El juez Cóppola hizo lugar a ambos pedidos.
- A Clavero y Ontiveros los enviaron al Servicio Penitenciario Provincial por 90 días. Se los investiga por privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- A Arguello le imputaron omisión de denunciar torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de actos de oficio.
- A Torres fue imputada por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio.
