El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial formuló cargos este lunes contra Sergio Gustavo Freixes, Sonia Elizabeth Aguilera, Miguel Arturo Montani y Diego Exequiel Lucero por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, en una causa que investiga presuntas irregularidades económicas vinculadas al Pueblo Ranquel.
Según expuso el fiscal Maximiliano Bazla Cassina, los hechos investigados habrían ocurrido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2023 en un establecimiento rural ubicado en territorio del Pueblo Ranquel, donde Freixes tenía intervención en la administración de asuntos agropecuarios.
Durante la audiencia, Fiscalía sostuvo que en ese período se habrían concretado actos ilícitos y maniobras económicas irregulares en perjuicio de la municipalidad del Pueblo Ranquel y del Gobierno provincial, con el objetivo de obtener beneficios económicos personales.
Entre las maniobras detectadas, el MPF señaló la realización de pagos, transferencias y facturaciones vinculadas a actividades ajenas a la producción agropecuaria y que no pertenecían al Pueblo Ranquel. Además, se indicó que varias operaciones no contaban con documentación respaldatoria y otras presentaban aparentes intentos de justificación con irregularidades.
El fiscal también remarcó que existió una “indeterminación de planes ilícitos patrimoniales” que habrían afectado al Estado provincial. En ese contexto, la fiscal Nayla Cabrera Muñoz detalló distintas evidencias surgidas de pericias contables realizadas sobre una cuenta productiva y otra de coparticipación, vinculadas a egresos de dinero bajo investigación.
Por su parte, la querella en representación de Fiscalía de Estado, ejercida por el abogado Flavio Ávila, adhirió a la calificación legal y a los hechos expuestos por el Ministerio Público Fiscal.
La defensa de los cuatro imputados, representada por el abogado Pascual Celdrán, se opuso a la formulación de cargos y adelantó que presentará una excepción de atipicidad respecto al delito de asociación ilícita. El letrado cuestionó que no se habría precisado de manera clara cómo se cometieron los hechos ni cuál habría sido el rol específico de cada acusado.
Finalmente, la jueza de Garantía N°3, Natalia Pereyra Cardini, consideró que existen elementos mínimos suficientes para avanzar en la investigación penal preparatoria. La magistrada hizo lugar a la formulación de cargos y dispuso como medidas la firma periódica del libro judicial y la prohibición de salir del país sin autorización judicial para los imputados.
