Las universidades nacionales argentinas atraviesan una de las crisis presupuestarias más profundas desde el regreso de la democracia. Un informe elaborado por la asociación civil Justicia Distributiva reveló que la inversión real en educación superior cayó un 29% entre 2023 y 2025 y advirtió que el presupuesto vigente para 2026 agrava aún más el escenario. El documento se difundió en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria y en medio del conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
El presupuesto universitario cayó a mínimos históricos
El estudio señala que el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, principal partida destinada a las universidades nacionales, registra actualmente el nivel de financiamiento más bajo desde 2006.
Según el relevamiento, la reducción presupuestaria representa una parte significativa del ajuste nacional. El recorte universitario explica el 4,4% del total del ajuste del gasto público, el 8,4% de la reducción aplicada en Servicios Sociales y el 39% del recorte en el área de Educación y Cultura.
Desde Justicia Distributiva remarcaron que la situación presupuestaria alcanzó un punto “crítico” y sostuvieron que el deterioro afecta directamente el funcionamiento de las casas de estudio, la investigación y la continuidad académica.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
La discusión por los recursos para las universidades se intensificó tras la aprobación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma fue promulgada en octubre de 2025 luego de que el Congreso rechazara el veto impulsado por el presidente Javier Milei.
La ley establece la actualización automática de partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el fortalecimiento de las becas estudiantiles.
Sin embargo, el Gobierno nacional suspendió su aplicación argumentando que la norma no detallaba las fuentes de financiamiento necesarias para sostener el gasto.
Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una demanda judicial para exigir el cumplimiento de la legislación. La Justicia dictó una medida cautelar favorable a las universidades y consideró que el Poder Ejecutivo no podía dejar sin efecto una ley ratificada por el Congreso. Actualmente, el caso permanece pendiente de resolución en la Corte Suprema.
El impacto del ajuste en los salarios docentes
El informe también expone un fuerte deterioro en los ingresos del sector universitario. Gran parte del presupuesto educativo está destinada al pago de salarios docentes y no docentes, por lo que el ajuste repercute de manera directa sobre los trabajadores.
De acuerdo con los datos relevados, en marzo de 2026 el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicó un 25% por debajo del nivel registrado tres años atrás.
Además, el salario promedio universitario quedó por debajo de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023, lo que profundiza la pérdida de poder adquisitivo y alimenta el conflicto salarial en las universidades públicas.
Un escenario de creciente tensión
La difusión del informe se produce en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. La nueva Marcha Federal Universitaria buscará visibilizar el reclamo por mayor financiamiento, actualización salarial y garantías para el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.
Mientras la causa judicial continúa sin definición en la Corte Suprema, rectores, docentes y estudiantes advierten que la continuidad del ajuste podría afectar seriamente el desarrollo académico, científico y educativo del país.
