La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. La decisión representa un respaldo a la legislación y al rol del Parlamento, aunque no tendrá un impacto económico adicional, debido al reciente acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las universidades públicas.
El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno por considerar que no existía una sentencia definitiva, por lo que continúa vigente la orden judicial que garantiza la actualización salarial del personal universitario y la recomposición de los programas destinados a los estudiantes.
El fallo llega luego de que, a comienzos de mes, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, firmara un acuerdo con las universidades públicas para destrabar un conflicto que se extendió por más de dos años, marcado por reclamos, movilizaciones, paros y una disputa judicial.
El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes. Según informó la cartera nacional, el acuerdo contempla una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.
La causa judicial
El expediente se originó a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales.
Con esta resolución, la Corte dejó firme la medida dictada previamente por la Justicia Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado al Ejecutivo cumplir de manera inmediata con parte de la ley mientras se resolvía el fondo del conflicto.
La decisión alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de todos los programas destinados a los estudiantes.
Cabe recordar que el Gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario, aunque posteriormente el Congreso insistió en su sanción. Una vez promulgada, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. Tras el fallo favorable de la Cámara, el Estado recurrió a la Corte Suprema, recurso que finalmente fue rechazado este jueves.
