La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto del Súper RIGI y convirtió en ley el acuerdo para cancelar una deuda pendiente con los últimos holdouts. La sesión, realizada el 24 de junio, representó una victoria parlamentaria para el Gobierno nacional, que logró avanzar con dos iniciativas centrales de su agenda económica.
El oficialismo consiguió respaldo para el Súper RIGI
Tras más de diez horas de debate, la Cámara baja otorgó media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. La iniciativa recibió 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Ahora deberá ser tratada por el Senado para completar su recorrido legislativo.
El proyecto busca atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de hasta 30 años. El Gobierno sostiene que la medida permitirá impulsar industrias vinculadas a la innovación tecnológica y sectores estratégicos para el desarrollo económico.
Entre las actividades alcanzadas figuran la producción de baterías de litio, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, centros de datos, energías renovables y proyectos vinculados al uranio.
Fuerte debate entre oficialismo y oposición
La discusión expuso posiciones enfrentadas dentro del recinto. Desde el oficialismo defendieron el régimen como una herramienta para generar empleo, atraer capitales y brindar previsibilidad jurídica a grandes proyectos productivos.
En contraste, sectores opositores cuestionaron los beneficios previstos para grandes empresas y advirtieron sobre posibles efectos negativos para las pymes, la industria nacional y la recaudación fiscal. También plantearon reparos sobre la duración de los incentivos y el alcance de las exenciones contempladas en la propuesta.
Diputados convirtió en ley el acuerdo con los holdouts
Antes de tratar el Súper RIGI, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de renegociación con los últimos acreedores que mantenían litigios vinculados al default de 2001. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor y 97 en contra, convirtiéndose en ley.
La norma autoriza al Poder Ejecutivo a avanzar con el pago de aproximadamente 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, que habían quedado fuera de acuerdos anteriores de reestructuración de deuda.
El oficialismo argumentó que el cierre de estos litigios permitirá mejorar la credibilidad financiera del país y reducir conflictos judiciales internacionales pendientes. La oposición, en cambio, cuestionó las condiciones del acuerdo y reclamó mayores precisiones sobre los términos económicos de la negociación.
Una jornada clave para la agenda económica del Gobierno
La sesión se desarrolló en un contexto de alta tensión política y apenas un día después de que el oficialismo lograra bloquear un intento opositor para impulsar medidas contra funcionarios del Gobierno. Con el respaldo de bloques aliados, La Libertad Avanza consiguió el quórum necesario y avanzó con dos proyectos considerados estratégicos para su programa económico.
La media sanción del Súper RIGI y la aprobación definitiva del acuerdo con los holdouts representan un nuevo respaldo legislativo para la administración nacional. Mientras el proyecto de inversiones continuará su tratamiento en el Senado, el Gobierno ya quedó habilitado para ejecutar el pago que busca cerrar uno de los últimos capítulos abiertos de la deuda en default de 2001.
