Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detectó la conflictividad laboral activa en los cuatro sectores públicos relevados en la provincia de San Luis: educación, empleo público, salud y judiciales. El estudio analiza que la situación deriva de la caída de los recursos provinciales por el retroceso de la recaudación propia y de los fondos coparticipables.
La caída de las transferencias nacionales
El documento examina el impacto de la baja de las transferencias nacionales en las provincias. En abril de 2026, los Recursos de Origen Nacional (RON) cayeron 3,3% interanual en términos reales. La Coparticipación Federal de Impuestos retrocedió 3,8%. El acumulado del primer cuatrimestre arrojó una baja del 5,6% en RON y del 7,2% en Coparticipación.
En el caso de San Luis, la transferencia de recursos nacionales cayó en abril un 3,1%. Además, la provincia puntana no recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) , un mecanismo que el gobierno libertario utilizó en las negociaciones para conseguir votos clave en el Congreso.
Conflictos en todo el país
Con ese marco, desde inicios de 2026 se registraron al menos 101 conflictos laborales de trabajadores estatales en Argentina. El 66,3% siguen activos y no logran resolverse.
San Luis: conflictividad en los cuatro sectores
El informe del CEPA detalla la situación puntana:
- Educación: el gobierno de Poggi despidió docentes rurales que reclamaban condiciones laborales.
- Salud: ATE denuncia una merma del 35% del personal por migración a provincias vecinas como Córdoba. La pérdida adquisitiva proyectada para abril de 2026 alcanzaría el 100%.
- Empleo público y judiciales: ambos sectores mantienen reclamos activos por recomposición salarial.
Los reclamos incluyen la reapertura de la negociación salarial y mejoras que compensen el deterioro del poder adquisitivo.
El contexto nacional
El informe del CEPA relevó conflictos en todas las provincias. Los sectores más afectados son educación, salud, seguridad, justicia y empleo público. La mayoría de los conflictos surgieron por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la falta de respuestas de los gobiernos provinciales.
