Una misión internacional integrada por legisladores, dirigentes políticos, sindicalistas y referentes de derechos humanos de Argentina fue expulsada de Bolivia este lunes. El gobierno de Rodrigo Paz impidió el ingreso de la delegación cuando arribó al aeropuerto de El Alto. Los veedores tenían el objetivo de documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales que, desde hace más de 40 días, exigen la renuncia del mandatario .
Soledad Mosquera, secretaria general de la Asociación Docente Ademys e integrante de la corriente sindical A Luchar, relató a SanLuis24 Noticias que la misión humanitaria llegó primero a Santa Cruz de la Sierra, donde registró su ingreso sin inconvenientes. Al llegar a La Paz, «empezó una secuencia muy violenta, muy intimidante; nos obligaron a subir al avión de vuelta; ya habíamos hecho Migraciones», remarcó.
«La jornada nos confirmó lo que está pasando»
«La jornada nos confirmó lo que está pasando. Nos tocó vivir en carne propia una situación que ni por cerca se debe asemejar a lo que vive la comunidad día a día», señaló Mosquera en declaraciones a este portal.
Incluso, narró que uno de los miembros de la misión, César Vilca, integrante de la comunidad boliviana, quedó detenido por las fuerzas de seguridad en el aeropuerto. Según denunciaron los propios veedores, Vilca fue separado por la fuerza del contingente y retenido de manera intimidatoria durante varias horas antes de poder reencontrarse con el resto de sus compañeros en la zona de embarque .
El argumento del gobierno de Bolivia
El Ministerio de Gobierno de Bolivia emitió un comunicado en el que justificó la expulsión. Las autoridades argumentaron que durante los controles migratorios se detectaron «inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente» por la delegación. El gobierno sostuvo que las invitaciones de legisladores o instituciones nacionales «no sustituyen ni eximen el cumplimiento de los requisitos migratorios» .
Los veedores tuvieron que abandonar el país a las pocas horas. «Nos volvimos con la bronca y el enojo, pero también con la certeza de que la misión cumplió en cierto sentido el objetivo: fuimos a relevar y documentar violaciones a los derechos humanos, y lo confirmamos», remarcó Mosquera.
Para repudiar el accionar del gobierno de Paz, la Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores convocó a una movilización para este miércoles a las 17.00 en Plaza de Mayo.
Mosquera también convocó a la comunidad boliviana de San Luis y todo el país a «romper el cerco mediático» y difundir los videos sobre las represiones al pueblo que ejecuta la administración central de ese país. «Hay 10 muertos, más de 400 detenidos, heridos… y todo con un cerco mediático que son muy pocos los medios que ponen el tema en debate», planteó.
Un informe oficial que confirma la gravedad
La situación en Bolivia ya había encendido alertas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el 2 de junio su preocupación por la escalada de la conflictividad social en el país. Según el organismo, al menos 7 personas fallecieron en el contexto de las protestas y bloqueos. Además hubo 321 arrestados y 89 personas enfrentan procesos penales. La CIDH también documentó al menos 23 heridos y denunció agresiones a periodistas y trabajadores de prensa .
La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó que las personas detenidas incluyen a 12 en prisión preventiva, y que existen denuncias sobre requisas y abusos contra manifestantes indígenas por parte de las fuerzas de seguridad .
