El Centro de Asistencia al Trabajo (CEATRA) denunció ante Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo que el Banco Nación realiza una retención ilegal de dinero en las cuentas sueldo de empleados públicos que registran deudas con la entidad .
La semana pasada, el CEATRA recibió 47 consultas de trabajadores, sobre todo del sector salud, sobre el congelamiento de los fondos. Los perjudicados, al consultar con la entidad, reciben una invitación para acercarse a una sucursal donde les «ofrecen» refinanciar las deudas .
El carácter alimentario del salario
«Al principio fueron dos o tres consultas, pero después se fueron acumulando y ya son más de 47 personas. No es una persona aislada dentro de la administración pública», detalló Luis Armesto, presidente del Centro.
El titular de CEATRA recordó que las cuentas sueldo tienen carácter alimentario. Según la normativa vigente, son inembargables cuando el saldo no supera el equivalente a tres veces el sueldo promedio de los últimos seis meses . En este caso, los fondos están en las cuentas, pero los usuarios no pueden retirarlos, transferirlos ni pagar servicios con ese dinero .
La estrategia del banco
Armesto remarcó que los empleados públicos llegaron a la situación de sobreendeudamiento por los bajos salarios que perciben. «Esto se da en el marco de una ausencia de un esquema de discusión salarial; para suplir esa falta de dinero por los escasos aumentos, las personas se endeudan», indicó.
El presidente de CEATRA resaltó que la actitud de la entidad bancaria es coercitiva. «Cuando el empleado reclama por la retención del salario, llega un WhatsApp del banco con la invitación a ir a la sucursal, donde les hacen firmar la refinanciación de la deuda. Por ahí la persona no tiene una verdadera voluntad de refinanciar, pero no tiene alternativa», sentenció.
El impacto en la economía local
«Nos preocupa la situación de esas personas, pero también el impacto que esto va a tener en la economía local, en los comercios, en los emprendedores que ya son bastante castigados por la ausencia de políticas destinadas al sector privado», planteó Armesto.
El centro pidió una intervención del Estado, mediante Defensa del Consumidor, para que el banco deje de tener esa actitud, sin que la tramitación represente un gasto extra para los afectados. «Un espacio administrativo dentro del Estado debería intervenir ante esta circunstancia de abuso», planteó.
