Rolando Alejo Olguín cumplirá 120 días de prisión domiciliaria mientras avanza una investigación en su contra por un episodio en el que, de acuerdo con la acusación fiscal, habría obligado a su expareja a ingerir una medicación que provocó la interrupción de un embarazo de casi ocho semanas.
El juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, tuvo por formulados los cargos contra el hombre por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con aborto sin consentimiento.
La resolución se conoció este lunes, durante la continuación de una audiencia que había comenzado días atrás. En esa instancia, la defensa había solicitado ocho días de prórroga para mejorar la situación procesal de Olguín.
Qué investiga la Fiscalía
La causa se concentra en dos hechos ocurridos el 17 de agosto. La Fiscalía de Género Nº 2, representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, sostiene que la mujer cursaba un embarazo de casi ocho semanas y había manifestado su decisión de continuarlo.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Olguín habría insistido para que interrumpiera el embarazo y durante la madrugada la habría llevado por la fuerza hasta un baño, donde le habría colocado parte de la medicación debajo de la lengua. Horas después, siempre de acuerdo con la acusación, habría repetido la acción.
Posteriormente, la mujer comenzó a sufrir intensos dolores uterinos y perdió el embarazo. Ese mismo día, mientras presentaba pérdidas de sangre, también habría sido agredida físicamente por Olguín en inmediaciones de la Comisaría Sexta.
Los informes médicos incorporados al expediente constataron lesiones en distintas partes del cuerpo. Una ecografía realizada al día siguiente determinó un aborto incompleto.
La investigación también reúne registros de la atención médica recibida por la mujer, material biológico preservado y otros elementos incorporados por la Fiscalía.
Olguín negó haberla obligado a abortar
Durante la audiencia, Olguín declaró y rechazó los hechos atribuidos por la Fiscalía. Afirmó que no obligó a su expareja a ingerir la medicación y sostuvo que ella no quería continuar con el embarazo.
También negó haberla agredido en las inmediaciones de la Comisaría Sexta. En cambio, aseguró que durante la relación había sido él quien sufrió situaciones de violencia.
Sus defensores, Alfredo García Garro y Diego Domínguez, concentraron buena parte de su planteo en la acusación por aborto sin consentimiento.
Sostuvieron que las evidencias reunidas hasta el momento no alcanzan para demostrar que Olguín obligó a la mujer a ingerir la medicación. También hicieron referencia a una atención previa en un centro de salud y a la documentación relacionada con la entrega del medicamento.
De acuerdo con lo expuesto por la defensa, en esa documentación consta que la mujer recibió información sobre el procedimiento y prestó su consentimiento para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Los abogados solicitaron la libertad de Olguín y argumentaron que cuenta con domicilio, trabajo y contención familiar. Como alternativa, plantearon la prisión domiciliaria y expresaron su disposición a cumplir los controles que dispusiera la Justicia.
El juez consideró que la investigación debe continuar
Montiveros Chada entendió que la Fiscalía presentó elementos suficientes para que la investigación avance bajo los delitos atribuidos, aunque remarcó que se trata de una etapa inicial y que ambas partes todavía pueden incorporar nuevas pruebas.
Entre las medidas que deberán profundizarse mencionó la información proveniente del centro de salud, entrevistas con profesionales médicos y otros elementos relacionados con los hechos.
El magistrado también respondió a los cuestionamientos de la defensa sobre el relato de la denunciante. Señaló que no corresponde descartar su versión en esta etapa inicial y que deben contemplarse las posibles situaciones de vulnerabilidad presentes en el caso.
Finalmente, tuvo por formulados los cargos contra Olguín por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con aborto sin consentimiento.
Prisión domiciliaria y prohibición de acercamiento
La Fiscalía había solicitado 120 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario, al advertir riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y un riesgo para la mujer.
El juez consideró necesario mantener una medida de coerción para resguardar la investigación, pero entendió que esos riesgos podían ser controlados sin enviar al imputado a la cárcel.
Por eso dispuso que Olguín cumpla 120 días de prisión domiciliaria en la vivienda propuesta por su defensa, bajo los controles del organismo encargado de supervisar la medida.
Además, continúa vigente la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante por seis meses, a una distancia mínima de 300 metros.
La restricción también alcanza a las comunicaciones por teléfono, redes sociales o cualquier otro medio. El juez le advirtió al imputado que deberá permanecer en el domicilio y que el incumplimiento de la medida puede generar consecuencias procesales.
