Juan Domingo Hernández fue enviado este miércoles al Servicio Penitenciario Provincial, luego de que el juez de Garantía N° 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, le dictara 120 días de prisión preventiva por el delito de homicidio en ocasión de robo, en perjuicio de Hugo Orozco.
La medida fue dispuesta tras la reanudación de una audiencia que había comenzado días atrás y que había sido prorrogada a pedido de la Defensora en lo Penal N° 2, Nadia Agúndez. Durante la jornada, las partes expusieron sus argumentos y el magistrado resolvió que Hernández permanezca detenido mientras continúa la investigación.
La defensa no cuestionó la formulación de cargos realizada por el fiscal Francisco Assat, pero sí puso en duda la calificación del hecho, la solidez de algunas evidencias y la existencia de riesgos procesales. En particular, Agúndez cuestionó el testimonio de Feliciana Hernández, pareja de Orozco y hermana del imputado, quien habría presenciado el hecho y brindado distintas versiones durante la investigación.
La defensora también planteó dudas sobre la causa de muerte de Orozco, quien falleció más de un mes después de haber sido internado. Según explicó, la autopsia estableció una muerte por “isquemia cardíaca”, mientras que la propia Fiscalía impugnó esa pericia y solicitó una nueva junta médica. Para la defensa, esta situación deja interrogantes sobre el vínculo entre las lesiones sufridas y el fallecimiento.
Otro de los planteos estuvo relacionado con el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Agúndez sostuvo que las medidas de prueba pendientes, entre ellas una pericia telefónica, otra sobre información almacenada en la nube y una nueva evaluación médica, no podrían ser afectadas por Hernández si permaneciera en libertad. También rechazó que existiera un intento concreto de fuga.
Tras escuchar a las partes, el juez Flores Leyes consideró que, si bien los argumentos de la defensa eran atendibles, no existían elementos suficientes en esta instancia para descartar el nexo causal entre las lesiones y la muerte de Orozco. Además, tuvo en cuenta las circunstancias de la investigación y las medidas que debieron adoptarse para localizar al imputado, por lo que consideró necesario neutralizar el riesgo de fuga mediante la prisión preventiva.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió la noche del 7 de junio de 2026, en el domicilio de Orozco ubicado en calle Intendente Celi 2170. De acuerdo con la acusación, Hernández habría golpeado a la víctima con puños, botellas de vino y patadas en la cabeza, para luego sustraerle un celular Motorola G23 y un parlante portátil y abandonar el lugar.
Orozco fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde se constataron múltiples lesiones, entre ellas una hemorragia subaracnoidea y una fractura nasal. Su evolución fue desfavorable y falleció el 3 de julio. La Fiscalía sostuvo además que los elementos sustraídos fueron entregados posteriormente a otro imputado, Benjamín Robledo. Por su parte, la querella adhirió al pedido de la Fiscalía y solicitó que se profundice la investigación para determinar las circunstancias, el móvil y la finalidad del hecho.
