La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes 9 de octubre a las 9, con el objetivo de avanzar en una causa que podría restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El expediente cuestiona la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/2023.
El máximo tribunal aceleró los plazos procesales y completó la integración necesaria para tratar el planteo. La resolución que adopte podría tener consecuencias sobre el régimen de propiedad de los campos en Argentina.
Qué analiza la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras
El expediente incluye un pedido de medida cautelar que busca recuperar, al menos de manera provisoria, las limitaciones que establecía la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
La normativa fijaba restricciones a la titularidad y adquisición de terrenos rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Sin embargo, el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen como parte de las reformas impulsadas por la administración de Milei.
Si la Corte concede la medida solicitada, las restricciones podrían volver a regir temporalmente, mientras continúa la discusión judicial sobre la validez de la derogación.
La causa que impulsaron ambientalistas y comunidades indígenas
El reclamo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Los demandantes cuestionan la eliminación de las protecciones establecidas por la Ley de Tierras y sostienen que el caso involucra derechos ambientales, la conservación de la biodiversidad y la protección de los territorios ancestrales.
La presentación tiene antecedentes en otro expediente relacionado con la misma derogación, impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). No obstante, ambos planteos presentan diferencias en cuanto a los argumentos y la legitimación invocada.
La semana anterior, la Corte rechazó la presentación del CECIM por considerar que no cumplía los requisitos necesarios para promover ese proceso colectivo. Esa decisión no resolvió la constitucionalidad de la derogación ni cerró automáticamente el camino a otros reclamos judiciales.
Por qué la Corte aceleró los plazos
La convocatoria extraordinaria llegó después de que el tribunal redujera de 72 a 24 horas el plazo para consolidar la incorporación de dos conjueces: Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Ambos fueron seleccionados por sorteo para intervenir en el expediente, luego de que los jueces titulares Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzaran una posición común sobre cómo avanzar con el caso.
Además, la Corte habilitó días y horas inhábiles para completar el procedimiento. Con la integración ampliada, el tribunal quedó en condiciones de analizar los próximos pasos y resolver el planteo pendiente.
Qué puede pasar con la compra de tierras rurales
La decisión de la Corte podría marcar un nuevo capítulo en la discusión sobre la desregulación del mercado de tierras impulsada por el Gobierno nacional.
Si los magistrados aceptan la medida cautelar, las limitaciones a la adquisición de campos por extranjeros podrían recuperar vigencia de manera provisoria. Si la rechazan, continuará el escenario jurídico derivado de la derogación, sin perjuicio de otras instancias que puedan seguir abiertas.
El alcance de una eventual resolución dependerá de los fundamentos del fallo y de las medidas concretas que disponga el tribunal.
Una definición con impacto jurídico y político
La discusión sobre la Ley de Tierras combina cuestiones vinculadas con la propiedad rural, la política económica, el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Por eso, la decisión del máximo tribunal podría tener repercusiones más allá del expediente puntual.
El acuerdo extraordinario de este viernes representa un paso decisivo en una causa que volvió al centro de la agenda judicial. Sin embargo, el resultado y sus efectos dependerán de la resolución que finalmente adopte la Corte Suprema.
