Miguel Ángel «Micky» Berardo acusó al gobierno de Claudio Poggi de permitir que prescribiera la causa en la que estaba imputado junto con la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez por presuntas irregularidades en contrataciones para obras de canchas de fútbol con césped sintético. El exsecretario general de la Gobernación sostuvo que el expediente no avanzó porque la acusación carecía de pruebas suficientes para llegar a una condena.
Esta semana, el juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a ambos acusados. La Fiscalía de Estado anunció que apelará la resolución, por considerar que el requerimiento para llevar la causa a juicio se presentó dentro del plazo legal.
El punto central de la controversia es el vencimiento del plazo para elevar el expediente a juicio. El juez fijó esa fecha para el 6 de agosto de 2026. El requerimiento acusatorio tenía fecha del 5 de agosto, pero el magistrado consideró que no había una constancia suficiente para acreditar su presentación formal antes del vencimiento. Las defensas recibieron la notificación el 21 de agosto.
Berardo cuestionó las denuncias públicas
En declaraciones a SanLuis24 Noticias, Berardo afirmó que el Gobierno montó un “circo mediático” para acusar a exfuncionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. En ese sentido, cuestionó que las denuncias públicas hablaran de 22 canchas, mientras que el expediente judicial incluyó dos.
“Bazla se paseó por todos los medios nacionales diciendo que había 22 canchas fantasmas. Pero en el expediente denunciaron dos canchas, que tienen los contratos iguales que las otras 20”, afirmó, en referencia al exsecretario de Ética Pública, Ricardo André Bazla.
La causa se originó en una denuncia presentada el 15 de enero de 2024 por Bazla y el entonces secretario de Deportes, Gabriel Rivero. En agosto de ese año, Ramírez y Berardo fueron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación abordó contrataciones y adelantos de fondos para trabajos de movimiento de suelo, preparación de terrenos y colocación de césped sintético. Los desembolsos investigados rondaron los 88 millones de pesos.
Berardo sostuvo que la discusión de fondo se centró en la interpretación de las normas aplicables a los contratos. El Gobierno cuestionó que las contrataciones se encuadraran en la Ley de Contabilidad y en el régimen de contratos de prestación de servicios, y planteó que correspondía aplicar la Ley de Obras Públicas.
“Si el Gobierno tuviera certeza, tendría pruebas. Y si tuviera pruebas, las hubiera presentado. La causa tiene casi tres años”, planteó. También afirmó que, desde la denuncia, solo se realizó una inspección ocular en uno de los predios, en mayo de este año.
Una reunión que Berardo atribuyó a instrucciones de Poggi
El exfuncionario relató que, a mediados de agosto, su abogado, Ramiro Rubio, se reunió con Santiago Calderón Salomón, integrante de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado. De acuerdo con Berardo, en ese encuentro el funcionario le habría transmitido al defensor que el gobernador Poggi había dado instrucciones de no avanzar con causas contra exfuncionarios de la gestión anterior cuando no existieran elementos suficientes para sostener las acusaciones.
El exsecretario general de la Gobernación también cuestionó que la Fiscalía de Estado no hubiera denunciado a la empresa contratada para ejecutar las obras. Además, afirmó que la gestión actual recibió los trabajos terminados.
“La responsabilidad de elevar la causa a juicio no es solo del Ministerio Público, también la tiene la Fiscalía de Estado”, remarcó. E insistió: «El Gobierno dejó prescribir la causa«.
Analizan una demanda contra el Estado
Tras el sobreseimiento, Berardo anunció que él y Ramírez analizan la posibilidad de demandar al Estado por el proceso judicial que debieron afrontar.
