El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) podría sufrir en 2027 un recorte real del 50% de su presupuesto si avanza el proyecto de Presupuesto nacional que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa elimina una fuente de financiamiento que hoy representa más de la mitad de los recursos del organismo, con consecuencias para la investigación, la asistencia técnica y el desarrollo de las economías regionales.
La advertencia surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado este martes 27 de octubre. El documento analiza el impacto del artículo 21 del proyecto de Presupuesto 2027, que deroga el mecanismo de asignación de fondos vinculados con la recaudación sobre las importaciones para el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El recorte que plantea el Presupuesto 2027
El esquema vigente se estableció en 2002 y luego se amplió. La distribución asigna el equivalente al 0,45% del valor de las importaciones al INTA, el 0,15% al SENASA y el 0,05% al INTI.
En 2026, el INTA contó con un presupuesto de $905.711 millones. De ese total, $513.034 millones —el 57%— provinieron de la asignación vinculada con las importaciones. Para 2027, el proyecto contempla $546.784 millones y elimina esa fuente específica de recursos.
El informe calcula que, al descontar el efecto de la inflación, la caída presupuestaria del INTA llegaría al 50% en un solo año. Si la comparación se extiende a 2023, la reducción real acumulada alcanzaría el 55,9%.
El ajuste también alcanzaría a otros organismos: el CEPA estima que el SENASA perdería el 40% de sus recursos en términos reales, mientras que el INTI quedaría sin fondos por las distintas vías contempladas en el esquema presupuestario analizado.
Menos investigación y asistencia a los productores
La pérdida de recursos amenaza tareas que exceden el trabajo de laboratorio. El INTA desarrolla investigaciones, brinda asesoramiento técnico, genera información sobre clima, suelos y agua, y acompaña a productores de distintas escalas.
El documento advierte que el ajuste ya afectó al 23% de las actividades de investigación y desarrollo en los territorios y al 42% de las líneas de innovación. El impacto alcanza a 29 cadenas productivas y economías regionales, además de 202 unidades del organismo.
El informe también señala que 93 convenios y servicios de gestión de calidad podrían quedar sin cumplimiento. A eso se suma la desvinculación de 223 profesionales con estudios de posgrado durante el retiro de personal de julio de 2026.
La presencia territorial también se redujo: el organismo dio de baja 41 agencias de extensión rural, cerró 74 oficinas y dispuso el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus nueve agencias.
Estas medidas afectan la asistencia que reciben los pequeños y medianos productores, que representan el 70% de las explotaciones agropecuarias del país, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2018.
El impacto del recorte del INTA en las economías regionales
El CEPA advierte que la reducción de recursos podría frenar programas de mejoramiento genético, innovación tecnológica y control de plagas. También pondría en riesgo la capacidad del organismo para responder ante sequías, inundaciones y emergencias sanitarias.
El informe menciona a las economías regionales de Cuyo entre las posibles afectadas. En esa región, buena parte de las variedades de ajo y cebolla cultivadas provienen de desarrollos del INTA. Si se interrumpen las investigaciones, los productores podrían perder competitividad o depender de genética extranjera, con el eventual costo de regalías.
Otro punto crítico es la producción de información pública. Los registros de suelos, agua y clima, los mapas productivos y las alertas tempranas sirven para orientar decisiones de productores y organismos estatales. Una interrupción prolongada de esas tareas puede provocar pérdidas de información histórica difíciles de recuperar.
El organismo también sostiene colecciones de olivos y vides, bancos de microorganismos y programas de mejoramiento genético de distintas especies. El documento advierte que la falta de mantenimiento de esos recursos puede causar pérdidas que no se resuelven con una futura recuperación del presupuesto.
Un ajuste que comenzó en 2024
El informe plantea que la propuesta para 2027 profundiza una reducción de recursos iniciada en 2024. Además de los recortes en investigación y extensión rural, señala la pérdida de poder adquisitivo del personal, cercana al 40%, como un factor que dificulta retener profesionales especializados.
El CEPA sostiene que las grandes empresas pueden contratar asesoramiento privado para compensar parte de las funciones que deje de cubrir el INTA, pero los pequeños productores no cuentan con la misma capacidad económica. Por eso, advierte que el repliegue del organismo puede ampliar las desigualdades tecnológicas entre productores y regiones.
El documento aclara que los escenarios planteados son proyecciones sobre los efectos que podría tener la medida, no hechos consumados. Su concreción dependerá del avance del Presupuesto 2027 y de cómo se instrumenten los cambios en el financiamiento.
La conclusión del informe es que la discusión no se limita a una reducción presupuestaria: está en juego la capacidad del Estado para sostener investigación agropecuaria, innovación y asistencia técnica en todo el país.
