Un exfuncionario comunal comenzó a ser juzgado este viernes por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador accidental, en una causa por hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2021 contra una niña que tenía 11 años. La Fiscalía pidió una pena de 15 años de prisión y sostuvo que el acusado utilizó su posición de poder y el vínculo con el grupo familiar para cometer las agresiones.
La acusación fue expuesta durante el alegato de apertura por la fiscal de Género Nº 2 de San Luis, Antonella Córdoba, quien afirmó que el imputado habría aprovechado su condición de ex integrante del gabinete municipal, la relación laboral que mantenía con la madre de la niña y la confianza que tenía con la familia. También señaló que la dependencia económica de la mujer habría profundizado la situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, los abusos ocurrieron en distintos inmuebles de una localidad del norte provincial, entre ellos una oficina municipal y propiedades vinculadas al exfuncionario. Córdoba describió la relación entre la niña y el entonces funcionario como una situación atravesada por una marcada desigualdad de poder. “Una niña y su empleador, alto funcionario del municipio, que valiéndose de su posición de poder y su rol de guardador accidental, sometió varias veces a la víctima”, expresó.
La fiscal, acompañada por la fiscal adjunta Mercedes García, anticipó que buscará acreditar los hechos con testimonios de familiares y profesionales de la psicología y el trabajo social, además de informes médicos y psicológicos. La declaración de la niña también formará parte del debate.
La prueba y los planteos de las partes
Córdoba explicó que los estudios médicos no detectaron lesiones físicas, aunque aclaró que esa circunstancia no descarta la existencia de agresiones sexuales. También anticipó que presentará informes profesionales sobre las consecuencias psicológicas que, de acuerdo con la acusación, presenta la víctima.
La abogada querellante, Érica Gómez, adhirió a la acusación fiscal y destacó el vínculo familiar que existía entre la niña y el imputado. Como parte de ese contexto, señaló que la expareja del acusado era la madrina de confirmación de la menor.
La defensa, a cargo del abogado Hugo Scarzo, adelantó que buscará demostrar que los hechos denunciados no ocurrieron. Para eso, anticipó que presentará pruebas con las que intentará señalar contradicciones en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de cuestionar la posibilidad material de que los episodios sucedieran como los describió la acusación.
Scarzo también puso en duda el contexto de la denuncia y mencionó otras presentaciones judiciales por hechos similares que, afirmó, la madre de la niña y su grupo familiar realizaron contra distintas personas. Además, planteó que existiría un interés patrimonial detrás de la acusación.
El defensor anticipó que analizará las declaraciones incorporadas mediante Cámara Gesell y discutirá el alcance de los hechos que llegaron a juicio. También cuestionó la existencia de los lugares mencionados en la denuncia y la posibilidad de que los abusos se produjeran en las circunstancias relatadas.
El debate está a cargo de un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, integrado por José Luis Flores, Yanina Del Viso y Adriana Lucero Alfonso.
