La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional recibió nuevas críticas. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el dictamen de mayoría aprobado en las comisiones del Senado puede vulnerar derechos fundamentales y comprometer la responsabilidad internacional de la Argentina.
La organización sostuvo que el proyecto mantiene los principales problemas de la iniciativa original que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 17 de abril. A su juicio, los cambios debatidos el 15 de octubre en las comisiones de Salud y Legislación General no resuelven las objeciones planteadas por organizaciones y especialistas.
ACIJ cuestionó que la reforma permita crear nuevas instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental, habilite internaciones involuntarias con criterios que considera poco claros y reduzca los mecanismos de control judicial y de protección de los derechos de las personas internadas.
Cuestionamientos al modelo de atención
Uno de los principales puntos de conflicto es la posibilidad de crear instituciones especializadas en psiquiatría, pese a que el proyecto prohíbe la apertura de nuevos manicomios.
Para ACIJ, esa distinción no resuelve el problema de fondo. La entidad sostiene que los hospitales monovalentes reproducen prácticas perjudiciales para las personas, sin importar el nombre que reciban, y que la reforma debilita el abordaje comunitario de la salud mental.
La organización también advirtió que el dictamen habilita internaciones involuntarias a partir de situaciones hipotéticas o antecedentes clínicos, aun cuando no exista un riesgo actual o inminente. Considera que esa posibilidad puede facilitar restricciones indebidas de la libertad.
Otro de los cuestionamientos apunta a los controles sobre las internaciones. La iniciativa reduce las facultades judiciales de revisión tanto en las internaciones involuntarias como en aquellas que comenzaron de manera voluntaria y se extienden por más de 60 días.
Además, quita al Órgano de Revisión Nacional (ORN) la facultad de apelar decisiones judiciales y elimina la participación de las personas usuarias de los servicios de salud mental en ese organismo. Para ACIJ, ambas medidas debilitan las herramientas de protección ante posibles situaciones de violencia y malos tratos, denunciadas durante años por el ORN y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Menos participación interdisciplinaria en salud mental
La entidad cuestionó, además, que la propuesta otorgue mayor peso al criterio médico y reduzca la participación de otras disciplinas en la atención de la salud mental.
El dictamen exige la firma de un médico para autorizar una internación y permite que un solo profesional médico disponga la medida, con una revisión posterior del equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También habilita las internaciones por teleconsulta, una modalidad que, de acuerdo con ACIJ, puede aumentar el riesgo de evaluaciones deficientes.
La organización recordó que la salud mental no depende solo de factores médicos, sino también de componentes históricos y sociales. Por eso, defiende un abordaje que integre distintas disciplinas y evite establecer jerarquías entre profesionales.
El riesgo de incumplir compromisos internacionales
ACIJ afirmó que la reforma se aparta de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos, en particular de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ese instrumento establece obligaciones para el Estado nacional y las provincias. De acuerdo con la entidad, los estándares internacionales promueven la desinstitucionalización psiquiátrica, los sistemas de apoyo para la vida independiente y la inclusión de las personas en sus comunidades.
La organización también sostuvo que el dictamen de minoría aprobado en las comisiones presenta retrocesos respecto de la legislación vigente y tampoco cumple con esas obligaciones.
Desde la presentación del proyecto original, ACIJ y otras organizaciones alertaron sobre sus posibles consecuencias ante organismos del sistema universal e interamericano de derechos humanos, entre ellos relatorías especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La entidad también informó a los gobernadores provinciales sobre los efectos que podría tener la reforma en sus distritos. Advirtió que el retorno a un modelo centrado en hospitales psiquiátricos podría elevar el gasto provincial sin mejorar la atención, generar nuevos litigios y exponer a las jurisdicciones a incumplimientos de sus obligaciones internacionales.
La crítica por la falta de presupuesto para salud mental
La organización señaló que el dictamen se aprobó sin escuchar a las personas usuarias de los servicios de salud mental, una omisión que considera contraria a la obligación de consulta prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sin embargo, ACIJ no desconoce los problemas de implementación de la ley vigente. La entidad reconoce que existen déficits en su aplicación, pero atribuye esa situación a la falta de voluntad política y de recursos suficientes.
En ese sentido, remarcó que durante los años de vigencia de la norma no se destinaron los fondos necesarios para desarrollar servicios alternativos a la internación psiquiátrica.
Por eso, ACIJ reclama que se garantice la aplicación plena de la ley actual en lugar de avanzar con una reforma que, a su entender, puede debilitar derechos y mecanismos de protección.
