En un impactante caso de deforestación ilegal, dos agricultores en Argentina enfrentan un posible embargo de 21.805 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 13 millones de euros. La medida, dictada por la Justicia de Salta, busca asegurar fondos para la eventual restauración de 11.000 hectáreas de bosque nativo que fueron taladas ilegalmente, una extensión comparable a la ciudad de Madrid.
El Juzgado Civil de Personas y Familia de Tartagal ha decidido ampliar su acción cautelar sobre las propiedades de Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, situadas cerca de la localidad de Dragones. Este embargo histórico no es definitivo; es un resguardo para garantizar que habrá recursos para un potencial proyecto de restauración ambiental.
Inicialmente, el embargo era de 171 millones de pesos argentinos, cerca de 100.000 euros. No obstante, debido a la magnitud del daño y el costo proyectado para rehabilitar el área, la cifra se incrementó significativamente, según lo calculado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Además, las sanciones procesales se han ajustado a 67,92 millones de pesos argentinos, aproximadamente 40.000 euros, lo cual es independiente del embargo preventivo.
Once mil hectáreas devastadas
Según Greenpeace, el desmonte de la Finca Cuchuy en Salta, que abarca 11.815 hectáreas, podría ser el desmonte ilegal más grande del país. La acción fue llevada a cabo con 18 topadoras y se denunció en 2013, resultando en la condena de Juan José Karlen por desobedecer órdenes judiciales.
En un acuerdo firmado en 2018, los implicados se comprometieron a restaurar el bosque dañado y a implicar a comunidades indígenas y criollas en un plan de recuperación de 30 años. Sin embargo, observaciones desde 2019 indican que no se han cumplido estos compromisos.
La Ley Nacional de Bosques y la Constitución argentina sostienen que, cuando ocurre un daño ambiental, es imperativo recomponerlo. Actualmente, la ampliación del embargo está bajo apelación. Si la decisión judicial se mantiene, los bienes embargados se utilizarán para financiar la recuperación del área afectada.
El Ministerio Público Fiscal de Salta ha reafirmado su compromiso con la restauración del daño ambiental en un comunicado público.
Fuente: Noticias Ambientales
