La Justicia de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales en el marco de la investigación por los bloqueos de rutas que paralizaron gran parte del país durante más de 50 días. La decisión fue adoptada tras el avance de una causa que busca determinar responsabilidades por las protestas que afectaron el abastecimiento, el transporte y la actividad económica.
La medida judicial alcanza al exmandatario luego de que la Fiscalía avanzara con una investigación por delitos vinculados a las movilizaciones registradas entre mayo y junio de este año. Entre las acusaciones figuran presuntos hechos de terrorismo, alzamiento armado, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y otros delitos contemplados en la legislación boliviana.
La investigación sostiene que Morales habría tenido un rol relevante en la organización o el impulso de las protestas que mantuvieron cortadas numerosas rutas durante más de siete semanas. Los bloqueos provocaron serios problemas de abastecimiento de alimentos y combustibles, además de importantes pérdidas económicas y dificultades para el traslado de pacientes y mercaderías en distintas regiones del país.
El proceso judicial se originó a partir de denuncias impulsadas por sectores cívicos y posteriormente fue admitido por el Ministerio Público. En la causa también aparecen involucrados otros dirigentes sindicales y sociales, quienes deberán responder ante la Justicia por su presunta participación en los hechos investigados.
La orden de captura representa un nuevo capítulo en la compleja situación judicial que enfrenta Evo Morales. El exmandatario ya registraba otros procesos abiertos en Bolivia, entre ellos una causa por presunta trata agravada de personas, que también derivó anteriormente en una orden de aprehensión.
Desde el entorno de Morales rechazan las acusaciones y sostienen que existe una persecución política en su contra. El expresidente ha negado haber cometido delitos y atribuye las causas judiciales a una estrategia del Gobierno para debilitar su liderazgo político.
La decisión judicial incrementa la tensión política en Bolivia, donde las consecuencias de los bloqueos todavía generan fuertes repercusiones económicas e institucionales. El avance del proceso podría influir en el escenario político del país y en el futuro del liderazgo de Evo Morales, mientras la Justicia continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades por una de las mayores crisis de movilidad registradas en los últimos años.
