El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) salió al cruce del Decreto 253/2026, que habilita a nueve provincias —entre ellas San Luis— a administrar tramos de rutas nacionales mediante el cobro de peajes. En un comunicado difundido este fin de semana, la entidad calificó la medida como “ilegal, inconstitucional e inoportuna” y advirtió sobre sus efectos negativos en la seguridad vial, la logística y las economías regionales.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, permite que las provincias concesionen la obra pública por peaje para la administración, reparación y mantenimiento de rutas nacionales ubicadas en sus territorios. En el caso puntual de San Luis, el gobernador Claudio Poggi gestionó la continuidad de la concesión del tramo de la Ruta Nacional 7 (Autopista de las Serranías Puntanas) entre Justo Daract y Desaguadero, que vence en 2027.
Falta de ley formal y violación al federalismo
Según el escrito, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para disponer esta transferencia por sí solo. La entidad remarcó que una decisión de esta magnitud requeriría una ley formal del Congreso, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Además, Conaduv señaló que el decreto no contempla una transferencia presupuestaria para que las provincias puedan hacerse cargo del mantenimiento de las rutas, lo que implica un traslado de responsabilidades sin los recursos necesarios y una violación del principio de federalismo.
«Impuesto encubierto» y doble imposición
Uno de los ejes centrales del rechazo apunta al sistema de financiamiento: el cobro de peajes directos en las rutas. Conaduv advirtió que esta medida configura un «impuesto encubierto» , ya que impone una carga económica obligatoria sin el respaldo de una ley.
«No hay tributo sin ley», recordó la entidad, citando la doctrina de la Corte Suprema, y alertó sobre una doble imposición: los usuarios ya financian el sistema vial a través del impuesto a los combustibles. «Se impone una carga sin una contraprestación garantizada», sostuvieron.
Consecuencias para la seguridad y la economía
El comunicado también advirtió que la «provincialización» de las rutas afectará la seguridad vial y encarecerá los costos logísticos, lo que impactará directamente en la competitividad de las economías regionales.
En esa línea, Conaduv propuso un plan vial integral financiado con los fondos existentes del impuesto a los combustibles, sin peajes y sin barreras, y reclamó fortalecer el rol de la Dirección Nacional de Vialidad.
«El derecho a transitar libremente por el territorio argentino debe ser garantizado. Con peajes en rutas sin alternativas libres de pago, no hay libertad», concluye el documento.
