Una abogada presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria de Energía, María Tettamanti, y otros funcionarios, para que se investigue si incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública al autorizar el ingreso de Southern Energy S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La presentación fue realizada por la abogada Virginia Marta Cassola, quien solicitó que se investigue el procedimiento mediante el cual la empresa fue incorporada al régimen de beneficios para grandes inversiones. La denuncia no descarta que durante la investigación puedan surgir otras figuras penales.
El planteo judicial pone el foco en la participación de Harbour Energy, que, según la denuncia, posee el 15% de Southern Energy y estaría vinculada societariamente con Premier Oil PLC, una compañía que fue sancionada por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
De acuerdo con la presentación, Premier Oil fue inhabilitada en 2013 por un período de 15 años mediante la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía. La denuncia sostiene que esa medida se encontraba vigente hasta 2028 y busca determinar si sus efectos alcanzaban a la estructura empresarial actualmente vinculada con Harbour Energy.
La abogada también plantea que Premier Oil habría cambiado posteriormente su denominación a Harbour Energy, por lo que solicita que se reconstruya documentalmente la continuidad de la estructura societaria y se determine qué relación existe entre ambas compañías.
Uno de los principales objetivos de la denuncia es establecer qué información presentó Southern Energy ante el Estado y qué controles realizaron los funcionarios antes de aprobar su incorporación al RIGI. En particular, se busca determinar si la autorización fue compatible con las restricciones previstas en la Ley N.º 26.659, que establece prohibiciones relacionadas con empresas que desarrollen determinadas actividades hidrocarburíferas en áreas vinculadas con las Islas Malvinas.
La presentación también pide determinar si la inhabilitación dispuesta en 2013 fue posteriormente levantada, suspendida o modificada y, en caso afirmativo, identificar el acto administrativo mediante el cual se habría producido esa modificación.
El antecedente que dio origen a la sanción contra Premier Oil está relacionado con actividades hidrocarburíferas alrededor del proyecto Sea Lion, en las proximidades de las Islas Malvinas. La Justicia deberá determinar ahora si existieron irregularidades en el trámite de incorporación de Southern Energy al RIGI y, eventualmente, si los funcionarios involucrados incumplieron sus obligaciones al otorgar el beneficio.
