En una audiencia de formulación de cargos celebrada este jueves, el Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, formalizó la investigación contra un hombre acusado del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante” en perjuicio de una menor de edad. Los hechos habrían ocurrido años atrás en un paraje rural del Departamento Belgrano, cuando la víctima tenía aproximadamente 8 años.
El origen de la denuncia
La causa salió a la luz recientemente, cuando la víctima, actualmente adolescente, relató los abusos a una compañera y a sus docentes. Tras conocerse el testimonio, la directora del establecimiento educativo radicó la denuncia correspondiente.
Según la acusación fiscal, el imputado aprovechaba la cercanía con la niña, quien era amiga de una de sus hijas, para realizar tocamientos de índole sexual. Los abusos habrían tenido lugar en tres escenarios distintos: la vivienda del hombre, las instalaciones de la escuela local (donde el acusado trabajaba como personal de maestranza) y durante el trayecto rural de la menor hacia su hogar.
Evidencias y situación de la víctima
Para sustentar la imputación, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, entre las que destacan un informe de Cámara Gesell, un examen médico y constancias de asistencia psicológica.
Por su parte, la Defensoría de Niñez alertó sobre la crítica situación que atraviesa la adolescente. Debido a que el paraje cuenta con pocos habitantes, la denuncia tomó estado público en la comunidad, lo que ha derivado en situaciones de bullying y aislamiento social para la joven, afectando severamente su bienestar psicológico.
Resolución judicial y medidas de coerción
Pese a que la defensa técnica solicitó no afectar la fuente laboral del acusado argumentando responsabilidades familiares, el magistrado decidió avanzar con el proceso. El juez Flores Leyes tuvo por formulados los cargos y declaró abierta la investigación formal.
Como medida de control, se impusieron restricciones por un periodo de 120 días, que incluyen:
- La obligación de firmar mensualmente ante una dependencia policial.
- La prohibición de salir de la provincia de San Luis sin autorización.
- Una restricción de acercamiento de 50 metros y la prohibición absoluta de contacto con la adolescente por cualquier medio durante seis meses.
El magistrado advirtió de forma tajante que cualquier incumplimiento de estas normas será considerado como un delito de desobediencia judicial, lo que podría agravar la situación procesal del imputado.
