La Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción confirmó un fallo que reconoce el deterioro salarial de dos juezas de San Luis y dispone una reparación retroactiva a febrero de 2024. La resolución se enmarca en un reclamo por la pérdida del poder adquisitivo y la garantía constitucional de intangibilidad de los haberes judiciales.
La demanda fue presentada en 2024 por dos juezas y tres secretarias judiciales. En 2025, un fallo de primera instancia les dio la razón a las cinco demandantes. Sin embargo, en la resolución que ahora confirmó la Cámara, el reconocimiento alcanza únicamente a las dos magistradas.
El abogado Roberto Pereira, representante de las demandantes, afirmó que la sentencia todavía no se cumple. «El fallo no tiene carácter suspensivo. Es una sentencia que hace un año que no se cumple», señaló.
Pereira comparó la situación con la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó que el Gobierno nacional tampoco cumpla esa norma, pese a la existencia de medidas cautelares.
Qué reconoce el fallo y qué falta resolver
La Cámara reconoció que las dos juezas sufrieron un deterioro salarial sostenido en el tiempo y determinó que corresponde una reparación retroactiva desde febrero de 2024. Sin embargo, la sentencia no establece montos ni porcentajes para calcular esa recomposición.
De acuerdo con Pereira, el paso siguiente será que un juez de primera instancia exhorte a los poderes Ejecutivo y Legislativo a tomar medidas para corregir la situación salarial. «A que hagan algo en relación al ajuste salarial», resumió el abogado.
El representante de las demandantes anticipó que Fiscalía de Estado podría apelar la resolución de la Cámara. Si eso ocurre, deberá intervenir el Superior Tribunal de Justicia, que también tendría que integrarse con conjueces.
La Cámara que dictó el fallo estuvo integrada por conjueces, abogados que intervienen como auxiliares de la Justicia en casos en los que corresponde esa modalidad de integración.
El reclamo de las juezas por la pérdida del poder adquisitivo
La demanda se originó a partir de la Ley de Escala Salarial aprobada por la Legislatura en julio de 2023. La norma establecía, entre otras pautas, que ningún agente judicial debía percibir una remuneración inferior a la línea de pobreza.
De acuerdo con los datos aportados por las demandantes, las actualizaciones salariales posteriores y la inflación provocaron un deterioro de los ingresos. El planteo sostiene que alrededor del 70% de los agentes judiciales no alcanza a cubrir la canasta básica del INDEC. También señala que San Luis se ubica en el último lugar del país en materia de salarios judiciales.
La intangibilidad salarial está contemplada en el artículo 110 de la Constitución Nacional y el 192 de la Constitución Provincial. Esta garantía busca proteger las remuneraciones de los magistrados frente a posibles presiones económicas de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Antes de recurrir a la Justicia, las demandantes habían canalizado el reclamo ante la Dirección de Relaciones Laborales. Tras varias audiencias, el organismo se excusó de continuar con el trámite porque depende del Poder Ejecutivo.
