El Senado de la Nación se prepara para una sesión decisiva en la que el oficialismo intentará avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Frente a ese escenario, el bloque peronista concentró sus esfuerzos en evitar que prosperen las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, al considerar que podrían flexibilizar la protección ambiental sobre las superficies afectadas por incendios. La discusión se desarrolla en medio de intensas negociaciones parlamentarias y con un panorama de votos aún incierto.
El foco del debate está puesto en la Ley de Manejo del Fuego, una norma que desde 2020 impide modificar el uso de los terrenos incendiados durante un período determinado con el objetivo de desalentar incendios intencionales vinculados a emprendimientos inmobiliarios o productivos. El proyecto impulsado por el Gobierno incluye cambios sobre esa legislación dentro de un paquete más amplio referido a la propiedad privada.
Desde Unión por la Patria sostienen que mantener vigente esa protección es una prioridad política y ambiental. El espacio considera que eliminar esas restricciones abriría la puerta a modificaciones en el destino de tierras afectadas por incendios, una posibilidad que rechaza de manera categórica.
La estrategia opositora apunta a reunir los votos necesarios para impedir que el Senado apruebe las modificaciones. En paralelo, el oficialismo mantuvo conversaciones con bloques aliados para garantizar el respaldo al proyecto, aunque debió introducir cambios durante las negociaciones debido a las diferencias internas.
En las horas previas a la sesión, el Gobierno resolvió retirar del proyecto el capítulo vinculado a la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de facilitar los acuerdos parlamentarios. Sin embargo, el debate sobre la Ley de Manejo del Fuego continúa siendo uno de los puntos de mayor conflicto entre oficialismo y oposición.
La legislación vigente establece que, tras un incendio, las superficies afectadas no pueden cambiar su uso durante 60 años en el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales, mientras que para zonas agrícolas, pastizales o praderas el plazo es de 30 años. La norma busca garantizar la restauración ambiental y desalentar incendios provocados con fines económicos.
La sesión del Senado se presenta como una nueva prueba para el oficialismo, que necesita construir mayorías para avanzar con su agenda legislativa. Al mismo tiempo, el peronismo intenta consolidar un frente opositor que preserve la actual Ley de Manejo del Fuego y limite cualquier modificación que, a su entender, reduzca la protección de los recursos naturales.
